Prohibir apps como Uber le costaría a España 324 millones al año

Es uno de los debates más recurentes de los últimos años: ¿hay que prohibir o limitar las apps de economía colaborativa?

El debate tiene sus aliados y sus detractores: ¿hay que cerrar apps como Uber, Cabify o airbnb? ¿Se les debe obligar a pagar impuestos? ¿Qué pasa con sus empleados? ¿Quién se va a deducir todos esos gastos? ¿Podemos permitirnos prescindir de este tipo de apps? Aunque generen cierta riqueza, ¿de qué manera perjudican a otros sectores (taxis, hoteles...) y cuánto empleo pueden perder por estas aplicaciones?

Uno de los mayores defensores de las aplicaciones de economía colaborativa es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en los últimos años siempre ha apoyado la implantación de estas apps en beneficio de los usuarios que las utilizan para ganar dinero y los consumidores, que se benefician de un mayor grado de competencia al haber más agentes en el mercado.

En la CNMC, desde luego, lo tienen claro en cuanto a los casos de apps como Uber o Cabify, que funcionan con un modelo de licencia VTC (vehículos de transporte con conductor): “La pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de licencias  VTC se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”.

De hecho, “esta cuantificación es un umbral mínimo y conservador, puesto que no tiene en cuenta pérdidas de bienestar por ineficiencias productivas y dinámicas ni por un mayor tiempo de espera derivado de una menor disponibilidad de vehículos”, aseguran desde el organismo que regula la competencia en todos los ámbitos de la economía española.

Las restricciones “blindan el monopolio del taxi”

Para la CNMC, el hecho de imponer restricciones a Uber o Cabify sólo consiguen “restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros y blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi”. Por ello, según el organismo competente, “ninguna de estas restricciones está justificada desde la óptica de la competencia ni de la regulación económica eficiente”, aseguran.

Así pues, desde la CNMC han pedido al Gobierno que dichas restricciones “sean retiradas del marco normativo”, ya que “la opción económica alineada con el interés general es establecer un régimen de libertad de entrada y libertad de precio en los mercados de transporte urbano de pasajeros en vehículo (taxi o VTC), con libre prestación del servicio en todo el territorio nacional”, aseguran.

En cualquier caso, ni las apps como Uber y Cabify ni la propia CNMC las tienen todas consigo, ya que “los requerimientos previos remitidos por la CNMC a principios del 2016 al Consejo de Ministros y al Ministerio de Fomento no fueron atendidos”. Por ello, “la CNMC interpuso en abril un recurso contencioso-administrativo dirigido a mejorar ambas normas y evitar las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican al conjunto de la sociedad”.

Habrá que de qué manera evoluciona la evidente lucha entre el Gobierno de turno y la CNMC. Las apps y los consumidores, mientras tanto, tendremos que seguir esperando.