La ley, que arrancó su camino hace 14 meses, incluirá a partidos políticos y agentes sociales, así como a Casa Real o al Banco de España.
La imagen de un hemiciclo semivacío durante el debate contrasta con la importancia de una ley, que todavía deja muchos flecos, como el hecho de no incluir los gastos particulares de la Corona, aunque sí descubriremos cuánto cuestan sus viajes o recepciones.
Pero si hay una institución cuya inclusión ha levantado ampollas ha sido la Iglesia. “¿Está incluida la Iglesia?”, se preguntaba el diputado de Compromís Joan Baldoví. Estar están, pero solo tendrán que airear la parte de sus cuentas que provenga de los poco precisos fondos públicos.
El encargado de controlar todas las cuentas será un Consejo Supervisor de Transparencia. Estará avalado por la mayoría absoluta de la Cámara y contará con potestad para imponer sanciones.
Cualquier ciudadano podrá acceder a toda la información a golpe de click. Solo con meterse en internet sabremos en qué gasta el Estado su dinero.
Lejos de imponer su criterio, el Gobierno ha tendido la mano al resto de partidos para introducir mejoras. Esfuerzos para intentar que nuestras administraciones recuperen la confianza y credibilidad perdida después de tanto escándalo.