El mes de febrero ha empezado con susto para muchas familias: estos días están llegando las primeras facturas del gas del invierno y aquellos hogares con una tarifa del mercado libre han podido comprobar en sus bolsillos las consecuencias de la guerra de Ucrania.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) es una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural con presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a los 50.000 kWh.
Su valor se hace público en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en aplicación de la normativa vigente, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Además, se puede contratar en el mercado regulado a través de las comercializadoras de referencia, que siempre tienen una oferta regulada además de la del mercado libre.
La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en dicha tarifa, experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al coste de la materia prima de la tarifa en vigor o en cualquier caso cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.
Estas son las tres modalidades:
- TUR 1: viviendas que disponen de agua caliente y/o cocina a gas. Consumo de hasta 5.000 kWh/año. En término variable su precio es de 0,0636 €/kWh y en término fijo 5.03 €/mes.
- TUR 2: inmuebles que cuentan con calefacción de gas. Su consumo anual es de hasta 15.000 kWh. Su precio en término variable es de 0,0607 €/kWh y en término fijo de 9.52 €/mes.
- TUR 3: hogares con instalación de calefacción, además de agua caliente y/o cocina a gas. Su consumo anual es de hasta 50.000 kWh. Su precio en término variable es de0.0585 €/kWh y en término fijo de 20.54 €/mes.
Además, desde octubre se incluye una nueva tarifa específica para estas comunidades de vecinos (la TUR.4) que les permite contratar en el mercado regulado. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que 1,7 millones de hogares con caldera central podrían sumarse a esta tarifa, aunque el Gobierno les exigirá la instalación de contadores individuales antes de septiembre.
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