El pasado marzo, el Gobierno anunció la moratoria del pago de las hipotecas. Aparentemente tenía buen aspecto, pero ¿es una ley funcional?
Para conocer su alcance, laSexta Columna lo ha ejemplificado creando su propio edificio: en él viven 10 familias, todas ellas afectadas económicamente por la pandemia de Covid-19.
La primera condición para acceder a la moratoria es haber perdido el empleo o, en el caso de los autónomos, haber perdido como mínimo el 40% de sus ingresos.
Según la Asociación de Usuarios Financieros, ocho de los diez vecinos de nuestro edificio cumple ese primer punto.
La segunda condición es percibir menos de 1.613 euros entre todos los miembros de que familia. Algo más si hay hijos o personas dependientes en casa. Según ASUFIN, sólo cumplen este punto tres de cada diez vecinos.
La tercera condición para acogerse a la moratoria es que hipoteca y facturas juntas sumen más del 35% de los ingresos familiares. Este supuesto lo cumplirían algo más de la mitad de vecinos.
Por último, el esfuerzo que representa la carga de los préstamos sobre la renta familiar se ha tenido que multiplicar por al menos 1,3, porque la deuda es la misma, pero los ingresos son menos. Solo dos de cada diez habitantes de nuestro edificio pasaría el corte.
Así que, según estas cifras, solo uno de cada diez posibles beneficiarios de la moratoria podrían acceder a ella. Si bien es cierto que, según el Banco de España, se están concediendo más. Según datos de las entidades bancarias, de las 228.000 solicitudes de moratoria presentadas, ya han concedido 65.000, algo más de la cuarta parte.