Todo empieza el 31 de octubre de 2012. Esperanza Aguirre ha dejado la presidencia de la Comunidad de Madrid y González quiere estrenarse por todo lo alto con su ‘plan’. El plan incluye la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Los profesionales de la Sanidad se empiezan a organizar.
En poco más de dos semanas consiguen poner en marcha la primera gran manifestación en contra de las privatizaciones. Así nace la marea blanca. Sólo tres días después, consiguen su primera victoria en el Hospital de la Princesa, un centro de prestigio que el Gobierno quiere vaciar para convertirlo en clínica especializada en mayores de 75 años.
Médicos y trabajadores se encierran. Los vecinos de su barrio, el de Salamanca, feudo incondicional del PP, les apoyan. Incluso la alcaldesa Ana Botella firma contra el plan y la Comunidad da marcha atrás. Esta victoria da esperanzas a los que protestan y toman una decisión clave para su victoria: deciden plantear la lucha en dos frentes: en las calles y en los juzgados.
La lucha en la calle
La lucha callejera pacífica comienza con la primera huelga total del sector y varios paros indefinidos. Los profesionales se encierran en hospitales y empiezan a recibir los ataques del Gobierno madrileño.
La segunda parte de la batalla: la judicial
Los juzgados madrileños empiezan a recibir recursos contra la privatización. En total, siete presentados por distintas asociaciones médicas, el Partido Socialista de Madrid o Comisiones Obreras.
El 10 de julio un juez admite el recurso del Partido Socialista de Madrid. “Estamos muy contentos. Un paso importante hacia la paralización”, aseguraba el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Mientras González decía que se trataba de una resolución puntual y que el proceso seguía adelante. Y así ocurre. Unos días después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta la paralización. El consejero Lasquetty se crece: carga con furia contra la oposición y los médicos por sus recursos y ningunea a la marea blanca en cuanto tiene oportunidad.
Con la justicia momentáneamente a favor, el Gobierno regional ya canta victoria. No hace caso de los recursos que aún están sin resolver y en plenas vacaciones de verano, adjudica los seis hospitales a tres empresas.
Los ganadores, Sanitas, Ribera Salud y una empresa puertorriqueña especializada en turismo sanitario. Mientras, los médicos se siguen manifestando continuamente. Organizan una consulta popular en la que el 94% de los que votan dice no a la privatización. Además, recogen un millón de firmas.
Pero en septiembre la justicia desequilibra definitivamente el enfrentamiento. Dos jueces distintos vuelven a paralizar el proyecto y ese golpe le llega al consejero Lasquetty que ataca a uno de los magistrados. El Gobierno recurre pero el tribunal lo desestima y ratifica la paralización. González y Lasquetty tiran definitivamente la toalla. Está por ver ahora las indemnizaciones que reclamarán las empresas adjudicatarias.