El uso de la fuerza ya no será una exclusiva del Estado, ahora lo será también de vigilantes privados con una formación de 180 horas, mientras que un guardia civil o un policía deben prepararse entre 3 y 5 años. La nueva ley mezcla sanciones lógicas, como las que afectarán a quienes fabriquen armas ilegalmente o deslumbren a pilotos de avión, con peligrosas injerencias en el derecho de manifestación. Quizá buscan nuevas leyes para que este no sea ‘un país para protestas’.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz llega a la Moncloa con ley estrella: la de seguridad ciudadana. Responde de esta forma a la contestación social en la calle y se basa en un argumento: las multas. Participar en alteraciones de la seguridad ciudadana con la cara cubierta, hasta 30.000 euros. Perturbar la seguridad ciudadana frente al Congreso, aunque no haya una reunión dentro, hasta 30.000 euros. Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, hasta 30.000 euros. Ofensas o ultrajes a España, hasta 30.000 euros. Mover vallas o barreras puestas por la policía, hasta 1.000 euros.
Para el Gobierno, las multas no han aumentado con la nueva ley, pero sí se ha fijado un mínimo de 100 euros. Es decir, que las multas algo sí que han aumentado. Para comprobar quién tiene razón, repasamos casos concretos. Con la nueva ley de seguridad ciudadana, la ocupación pacífica de una sucursal bancaria es una falta leve. Antes la multa iba de cero a un máximo de 300 euros. Ahora, como mínimo, la multa son 100 euros y como máximo 1000.
En las faltas graves también hay cambios. Ejemplo: las concentraciones antidesahucios, donde se castigarán “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones”, según reza la ley. Impedir la entrada de la policía para un desalojo costaba antes unos 300 euros como mínimo. Ahora supondría mínimo 1.000 euros y máximo de 30.000. Los activistas antidesahucios aseguran que las multas no les detendrán: “No tengo dinero para las multas, así que ellos verán lo que hacen”.
José María Benito, portavoz del SUP, cree que “cuando una ley pretende ser eficaz, las sanciones que impone suelen ser razonables”. En opinión de Marcelino Sexmero, “No tiene sentido desproporcionar las sanciones. Sale más favorable confesarse autor de un delito que tener una sanción administrativa”.