Desde 2000, más de 200 condenados por prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos han sido perdonados por obra y gracia del Gobierno de turno. La lista es larga y en ella hay de casi todo.

Un ministro del Interior socialista y su secretario de Estado de Seguridad condenados por secuestro y malversación. Jueces prevaricadores, altos cargos de gobiernos autonómicos, decenas de políticos municipales corruptos, empresarios de postín e incluso el primer ejecutivo del banco más importante del país, estran entre los condenados por la Justicia y perdonados por el Gobierno.

Policías y militares también son habituales de las páginas del BOE. El más célebre: Enrique Rodríguez Galindo condenado por secuestro y asesinato de Segundo Marey. También fueron perdonados dos oficiales del ejército que falsearon la identidad de 30 de los 62 militares que murieron en el accidente deL Yak 42 cuando volvía de Afganistán.

El más reciente, el doble indulto de cuatro Mossos d'Esquadra condenados por torturar a un detenido en la comisaría Les Corts. Casos como estos hace que una sensación de indignación aumente de forma directamente proporcional al creciente desprestigio de la Justicia en España. Algo que jueces, fiscales, abogados atribuyen a los políticos.