En los 90, la Junta de Andalucía cedió tierras a los habitantes de Huelva para que plantaran frutos rojos, pero hubo quien no se conformó con regar de forma legal y empezaron a surgir los pozos que expoliaban el agua de Doñana. "Se arrancaban árboles, zonas forestales para plantar fruto rojo. Primero fresa, luego mora, arándano, que era muy lucrativo y lo sigue siendo", explica la periodista Ana Tudela.
A principios de los 2000, la junta de Andalucía intentó poner orden en aquel 'far west' onubense y aprobó un plan por el que prohibía seguir arrancando árboles, pero de paso regularizaba el regadío ilegalque había ido extendiéndose. Pero desde la última legalización, el regadío ha seguido expandiéndose en la zona de manera irregular y, aunque el Gobierno ha ido cerrando pozos ilegales, según WWF Adena, es una carrera difícil de ganar. "Podemos estar hablando de entre 8 y 12 hectómetros cúbicos de regadío ilegal", explica Juanjo Carmona, portavoz de la organización ecologista.
Esa cantidad equivale al agua que consume toda la ciudad de Sevilla en un mes, pero desde hace años hay agricultores que esgrimen su supuesto derecho histórico a cultivar esa tierra. "Hemos calculado que entorno al 70% jamás habían regado antes de 2004", apunta Carmona. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, afirma que, para regularizar su cultivos "esos derechos históricos tendrán que demostrarlos ante una comisión técnica que viene establecida en la proposición de ley": "Esto no es una amnistía generalizada", sentencia.
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