La fiebre reformista del ministro de Justicia se extiende también a la Ley del Aborto. Aquí, Ruiz Gallardón se pone solemne: "La esencia de la mujer es ser madre", aseguraba. Es el momento de contentar a la Iglesia y al sector más conservador de su partido. Para ello, el ministro hace un brindis al pasado. Retrocede exactamente hasta 1985 para recuperar y endurecer la primera ley del aborto, la que aprueba el Gobierno de Felipe González.
La nueva norma elimina los plazos porque, según el Ministro, atenta contra el derecho a la vida. A cambio contempla dos únicos supuestos: peligro para la salud física o psíquica de la madre y violación. Pero va más lejos que ningún político desde Franco: prohíbe que las mujeres puedan abortar en caso de malformación del feto. Hace lo que ni el Gobierno de José María Aznar se atrevió a tocar durante ocho años de mayoría absoluta.
La rebelión contra la ley es inmediata. Casi 700 ginecólogos y expertos en diagnóstico prenatal firman un manifiesto en contra de prohibir el aborto en caso de malformación. Avisan de las consecuencias trágicas. España se une al club de los países más conservadores de Europa. Sólo Irlanda y cinco de los estados más pequeños prohíben el aborto en caso de malformación. Países tan católicos como Italia, Polonia o Portugal tienen leyes mucho menos restrictivas que la española.
Si tasas, aborto y recortes no son suficientes, el Ministro de Justicia también se ha colado en las crónicas de sucesos. Varios escándalos judiciales crean una corriente popular a favor de endurecer las penas para algunos delitos. Aprovechando ese sentimiento popular, el ministro Ruiz Gallardón modifica el Código Penal y crea por primera vez en la historia de la democracia la prisión permanente revisable.
El Consejo General del Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de esta reforma, especialmente la prisión permanente revisable, incompatible con la finalidad de reinserción. La reforma del Código Penal también endurece las penas contra quienes protestan.
La nueva norma castiga duramente convocar a través de Internet manifestaciones que inciten a la alteración del orden público. Organizar una concentración como la de Rodea el Congreso supondrá hasta un año de prisión.
Además, la reforma criminaliza actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación pacífica de entidades bancarias o el encadenamiento para evitar desahucios. Los dos casos estarán castigados con hasta seis meses de cárcel. Acoger a un inmigrante sin papeles, darle de comer o permitirle dormir en casa, supondrá hasta dos años de cárcel.
