Manuel Villoria, Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, le comenta a Jordi Évole que las obras para un corruptor “no deja de ser una inversión. Compro políticos a cambio de grandes contratos que me enriquezcan”.
Jordi Évole y Manuel Villoria se encuentran delante de una gran obra pública, la estación del AVE Zaragoza-Delicias, una estación que fue adjudicada a la Constructora Hispánica al mando de Alfonso García Pozuelo. Un señor que salía en los papeles de Bárcenas por un donativo que hizo de 30.000 euros al PP.
El catedrático comenta que podría haber alguna relación entre el donativo de 30.000 euros y la adjudicación de la obra del AVE de Zaragoza-Delicias a esa constructora. “Hacen donaciones a partidos políticos porque a cambio obtienen un beneficio”, explica. Un donativo “insignificante” según comenta Jordi Évole, para los 23 millones de euros que acabó cobrando la empresa.
Villoria explica que el problema de España es que “nuestras investigaciones de corrupción se centran mucho en los políticos y poco en los corruptores. Lo que nos interesa saber es que quién cobró qué a cambio del dinero que se dio”.
Revisando los papeles de Bárcenas, esta no era la única gran constructora que aparecía. “Todas aparecen”, asegura el Catedrático en Ciencias Políticas.
"Nuestras investigaciones de corrupción se centran mucho en los políticos y poco en los corruptores"
Évole abriendo el manual de instrucciones de cómo funciona la corrupción pregunta a Manuel si quiere abrir una obra pública y es una Administración qué tiene que hacer. El catedrático asegura que se tiene que hacer un concurso público al que cualquier empresa legalmente se puede presentar pero “hay posibilidades para que vengan unas empresas y no otras”. Se eliminan “estableciendo unos requisitos previos para poder participar”.
Esto tiene que ver con una noticia de ‘El País’ que aseguraba que “La trama Gürtel redactó las bases del concurso público que le dio Camps”. A la hora de adjudicar una obra pública a una empresa en concreto, la Administración opta “a veces por la oferta más barata y a veces no”.
Manuel asegura que muchas veces “hay bajas temerarias, es decir contratos con ofertas muy bajas, conscientes de que luego, posteriormente, se les va a dar a la empresa correspondiente un modificado de obra que le va a permitir recuperar ese dinero”. La Administración “no gana con todo esto. Gana el político correspondiente porque consigue una financiación especial para su campaña”.
Para cuantificar con una cifra lo que cuesta a España la corrupción, Manuel explica que la UE dice que el 1% del PIB europeo se está perdiendo a causa de ella. En España representa 10.000 millones de euros al año. Un bucle que no es una manera muy arriesgada de proceder ya que “en el caso hipotético de que hubiera excesos el Tribunal de Cuentas no tiene mecanismos reales para sancionar ni para investigar”, explica Villoria.
Asegura que quienes denuncian en la Administración lo pasan muy mal. Se les puede quitar el puesto e incluso pueden tener amenazas para que abandonen el ayuntamiento. “La situación de quienes denuncian estos casos es muy triste en general y poco apoyo tienen del Estado”, concluye el Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.