Virginia está asignada al Servicio Municipal de Atención  a la Dependencia desde el año 2007. Atiende a toda la población que hace la solicitud para adquirir los recursos y los derechos que protege la Ley de la Dependencia. La Administración tiene seis meses para resolver esta solicitud, y eso quiere decir que el servicio, el recurso,  la prestación que se solicite, se le conceda a la persona. Sin embargo, “aquí en la Comunidad Valenciana te puedo hablar de que todavía tenemos expedientes del año 2009 que no se han resuelto. Estamos hablando de cinco años”, comenta.

La trabajadora social no sabe qué hace la dirección general  responsable de dependencia con los expedientes. “Desde luego, las familias, los dependientes, no están recibiendo ayudas ni recursos  ni respuesta de la Administración al respecto, entonces, están bloqueados”, explica a Jordi Évole.

"La Conselleria de Sanitat les pone en un grado de dependencia menor al que tenían"

Virginia siente en muchos casos “que el trabajo no sirve, porque si yo tramito algo que luego se queda en humo, o se queda en nada, a mí me da realmente vergüenza entregar  una solicitud de la Dependencia. Pero, por otro lado, digo... vamos a ver, si no decimos que el problema existe, no van a articular recursos de ayuda. Si no hay demanda, no existe el problema”, asegura.

De hecho, han bajado mucho las solicitudes porque “la gente ya sabe que aunque lo pida, no se lo van a dar. Por eso han bajado las solicitudes. De hacer cinco a la semana, a cinco al mes. La gente se desespera y se desanima mucho”, comenta. Por eso, Virginia intenta que no tiren la toalla. “Si permito que tiren la toalla en la reclamación de un derecho subjetivo que les han reconocido  o les han dicho que les van a reconocer, como trabajadora social, ¿qué hago?  Apaga y vámonos”, comenta.

Hay personas  que, además de tener paralizados sus expedientes, en algunos casos, se les ha revisado la situación y quien la revisa, en este caso la Conselleria de Sanitat, les acaba diciendo que ahora está mejor que hace unos años y les pone en un grado de dependencia menor al que tenían. Virginia asegura que tiene casos en los que a los dependientes ”les ha llegado un grado más bajo, con lo que la cuantía se reduce y, en algunos casos, se excluye del sistema”.

Y es que esta ley creó demasiadas falsas esperanzas porque “se inicia con unos carteles y una publicidad en televisión  que yo no conozco ninguna ley que se haya aprobado  con una especie de campaña de marketing  parecida a los grandes almacenes en primavera”, explica la trabajadora social.