Jaume Martorell es dependiente y le escribió una carta a Mariano Rajoy para hablarle de su situación y de la injusticia que está habiendo con los dependientes. “Veía que estaba cometiendo una gran injusticia con nuestro colectivo, con el de las personas con dependencia e incapacidad y era sacar todo lo que llevaba dentro, de ver todo lo que estaba pasando y veía venir un futuro un poco jodido”, comenta.
No recibió respuesta del presidente del Gobierno pero sí de Jorge Moragas, que es el director del Gabinete de Presidencia y una de las manos derechas de Mariano Rajoy. “Pensé que no contestarían”, confiesa tras haber recibido la contestación. Una carta que “cuando la recibí, para mí era como una gran mentira porque al principio, por una parte, hablan de asegurar la sostenibilidad del sistema de la dependencia, cuando al mismo tiempo lo que están haciendo es justo lo contrario, o sea, con el decreto de 2012, fue un desmantelamiento a cara descubierta, sin ningún tipo de reparo hacia el sistema de dependencia.
Jaume puede manejar un ordenador, manejar mi silla, coger algunos objetos, pero nada más. “Lo otro ya es pedir ayuda”, comenta. Le ayudan sus padres, su hermano y otra persona que está por horas.
Miquel explica que se enteraron de que Jaume tenía una enfermedad muscular a los seis años. “Fue todo un recorrido por hospitales, por médicos, por fisios, natación y demás”.
Ante uno de los recortes que hizo el actual Gobierno de la Ley de Dependencia, el que era entonces el secretario de Estado del Ministerio de Servicios Sociales y que actualmente es el líder del PP andaluz, el señor Juan Manuel Moreno, declaraba que “no tiene sentido que familias con renta superiores a 100.000 euros tengan ayuda de la Ley de Dependencia. No tiene ningún sentido cuando no hay recursos. Vamos a reordenar el modelo, vamos a hacer el sistema sostenible en el tiempo, para que no se caiga, y sobre todo y fundamental, vamos a preservar al gran dependiente, al dependiente también grave, por así decirlo, y vamos a intentar dotar de transparencia para que no haya bolsas de fraude”.
"No se puede criminalizar a las personas en situación de dependencia"
Miquel ante las palabras de Moreno piensa que “las personas que tienen tanto dinero no se van a esperar a que la Administración tarde tres o cuatro años en darle una respuesta. Ellos ponen su dinero y se ha acabado”.
En cuanto al fraude, el padre de Jaume asegura que “lo que no se puede hacer es criminalizar a las personas en situación de dependencia y a aquellas personas que están dando su vida por su familiar, que son 24 horas al día, todas las semanas, todos los años. Criminalizar a esas personas es de tener muy poca vergüenza, muy poca sensibilidad y no saber qué lleva entre manos”.
A las palabras de su padre, Jaume añade: “nos quieren mandar otra vez al cuarto oscuro de la sociedad. Como pasaba antes, en el siglo pasado, en los años del franquismo, salían las monjas con las huchas para recaudar dinero. Se pasaban por ahí los ricachones y las ricachonas del lugar a limpiar su conciencia y ese dinerito para la gente con discapacidad. Al final, esa es la mentalidad”.
Y es que según Miquel, “para ellos no es invertir en dependencia, es un gasto. Y además es un gasto inútil, porque para ellos, nosotros, las personas dependientes, no son personas útiles a la sociedad. Y, por tanto, no tienen por qué invertir en este sector de dependencia y discapacidad”.
Jaume estudia Ingeniería Multimedia y además expresa todo lo que piensa a través de un blog ‘Cajón desastre’, donde no sólo escribe sobre la Ley de Dependencia, también habla de otros temas, incluso de la ley del aborto de Gallardón.
El joven asegura que los dependientes se sienten olvidados “por este Gobierno. Nuestro colectivo tendría que empezar a tomarse en serio llevar a esta gente ante la justicia. Denunciarlos ante tribunales como el de Estrasburgo porque se vulneran los derechos humanos”.
Y es que “nosotros no hemos elegido ser dependientes ni tener una enfermedad y, encima, ves que el Gobierno, que es quien debe servir al pueblo y es quien debe ayudar a la gente que lo pasa mal y a los colectivos más vulnerables, siempre nos recorta a nosotros. Es una vulneración clara de derechos humanos a los cuidadores y a los dependientes”, asevera.