Cristina Álvarez es la abogada de los vecinos de Muskiz que protestan contra la refinería de Petronor. Para ella, lo más grave que hace esa refinería es “contaminar la zona, privar a los vecinos de la salud y del derecho al medio ambiente que tienen. Y lo peor ha sido ampliar la refinería en el 2008, con un horno de coque, que es muy contaminante”, comenta.
El coque es una manera de utilizar el petróleo de mala calidad que es el único que tienen ahora. “El petróleo está disminuyendo y lo que queda en el fondo de los pozos es un material que es muy difícil de refinar, y procesan restos de petróleo. Por lo tanto, no pueden producir más que coque”, explica la abogada. Lo que provoca en la zona son “700 toneladas anuales más de contaminantes peligrosos que lo que había antes del 2008”.
Cristina empezó trabajando para el ayuntamiento. “El ayuntamiento de Muskiz, en el año 2008 convocó un concurso público para adjudicar la asistencia jurídica para enfrentarse a la ampliación de la refinería. Una de las razones de peso para que llegaran a la alcaldía. Lo gano y empiezo a trabajar para el ayuntamiento. Al cabo de nueve meses decidió cambiar de criterio y me dejaron sola con mi trabajo”, asegura. El alcalde cambió de opinión mientras estaba gobernando.
"Hasta el año 2008, yo defiendo que fue una instalación clandestina"
El alcalde era de Eusko Alkartasuna y Cristina cree que cambió de opinión porque los abogados de Petronor le persuadieron. “Un día el ayuntamiento recibió una visita de los abogados de Petronor, que vinieron, parece ser, de una manera espectacular, con muchos coches, con los cristales tintados, subieron con muchos maletines al despacho del alcalde y le explicaron, con mucho detalle y mucha persuasión, que cada día de retraso en la concesión de la licencia podría suponerles un millón de euros por indemnización en el retraso. De manera tal que, convencido por estos argumentos, el alcalde de entonces, que era mi cliente, otorga las licencias”, explica la abogada.
Cuando Cristina ve que se quedas sola, sin el apoyo del ayuntamiento, decide ponerse del lado de los vecinos y convertirse en su abogada, que a pesar de no ser barato tener un abogado desde 2008, los vecinos pagan con queso. “Un queso cada tres meses”, comenta.
Se han visto obligados a abrir nueve contenciosos administrativos. “Nosotros pleiteamos, bien contra el gobierno vasco, que concede licencias, bien contra los ayuntamientos”, asevera. Y es que consideran que las licencias que se han dado a Petronor han sido ilegales. “Hasta el año 2008, yo defiendo que fue una instalación clandestina”, asegura. “Clandestino es el nombre que recibe en Derecho cualquier instalación que funcione sin licencia. No tenían licencia”.
En el año 1968, Franco tomó la decisión de abrir una refinería. Ya las leyes de la época prohibían que una refinería se instalase en pleno centro urbano y, además, en la costa, pero esa ley no se cumplió. Y a partir de ahí no hubo licencia municipal que era el otro requisito que hubiera sido necesario. “Así que Petronor ha sido clandestina unos 40 años”, asevera.
Además, Cristina le explica a Jordi Évole que el abogado que ahora defiende a Petronor había sido consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza. Y el presidente de Petronor había sido el presidente del PNV, Josu Jon Imaz.