Para fomentar el alquiler el Gobierno propone las siguientes medidas: Podrán seguir cobrándonos una fianza pero, eso sí, las garantías adicionales en ningún caso podrán superar las dos mensualidades.
Además si hubiese gastos sobre la formalización de contrato o gastos inmobiliarios estos correrían a cuenta del arrendador, es decir, del propietario (siempre que este sea una persona jurídica). En cuanto al contrato, la prórroga pasa de tres a cinco años, es decir, volveríamos a un escenario similar al de 2015.
El Gobierno habla además de medidas fiscales para estimular la oferta y controlar los precios. Por ejemplo, los ayuntamientos podrán asumir hasta el 95% del coste del IBI en aquellas viviendas sujetas a un alquiler limitado. Explicamos algunos de los cambios que trae la nueva ley de alquiler aprobada por el Gobierno.