El vicepresidente de la Comunidad Valenciana ha tratado de explicar lo que costaría mantener la Radio Televisión Valenciana tras declarase nulo el ERE. "228 millones de euros, con los que se pueden construir 57 colegios y 60 centros de salud".
Unas cifras y una comparación que a los afectados les han parecido demagógicas. Por eso, los trabajadores de RTVV se han atrevido a hacer lo que no les han permitido desde hace muchos años. Perseguir a quienes consideran que ha realizado una injusticia y hacerle preguntas incómodas.
Piden a la Generalitat que se siente a negociar, que busque otras alternativas a un cierre que saldrá por una tercera parte de esos 228 millones de euros, pero Fabra no está por la labor. Igual que no lo estuvo de hacer caso al informe del despacho que les asesoró en el ERE: Garrigues. Fuentes jurídicas han confirmado que la Generalitat ignoró un estudio en el que se desaconsejaba completamente ese ERE.
Mientras, en Canal 9 reina, dicen, la anarquía. Pero es una anarquía distinta, que se plasma en una nueva libertad de expresión. Hasta que se apague la señal, mandarán ellos e intentarán que alguien escuche sus propuestas tras un cuarto de siglo de experiencia.