Coincidiendo con el día de la Merced, que es su patrona, los funcionarios de prisiones han salido a la calle. Aseguran que atraviesan una situación crítica. Frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, decenas de funcionarios de prisiones se han concentrado para protestar. Dos son sus principales reivindicaciones. Uno, que no se privaticen las prisiones y, dos, que los recortes no vuelvan a afectar al personal.
Adolfo Fernández, presidente de CSI-F Prisiones explica que "todos los años perdemos de 300 a 400 efectivos nada más en la parte de jubilaciones. Si no hay oferta de empleo público, evidentemente, desde hace tres años y el que se prevee, pues habremos perdido unos mil funcionarios". Puestos que, en parte, se cubren con empresas de seguridad privada.
Comisiones Obreras asegura que "entendemos que se está produciendo un menoscabo del servicio público de Instituciones Penitenciarias al no haber oferta de empleo público y que eso, en un futuro, nos llevará a la privatización total del todo el sistema penitenciario".
Esa privatización, dicen, está dando sus primeros pasos. Actualmente son 21 las cárceles españolas que tienen contratado personal privado de seguridad. Unas cárceles 'piloto' repartidas por toda España. CCOO añade que "está en Burgos, está en Topas, está en Dueñas, en Valladolid. Pero, a finales de año, esto es un proyecto piloto que se ha hecho y, probablemente, a finales de año se extenderá a todos los centros".
Para los funcionarios, tanto la privatización como los recortes en personal provocan una consecuencia que dicen que es gravísima: "como los consursos no salen habitualmente, tenemos menos capacidad para trabajar y eso afecta a la seguridad". Los funcionarios de prisiones quieren que su protesta sirva para no volver a sentirse como el sector secundario del Ministerio del Interior.
