Continúa la polémica por el documental de Netflix acerca del crimen de la Guardia Urbana. El fiscal del caso, Félix Martín, ha criticado que la productora del documental 'Las cintas de Rosa Peral' le ocultase información para obtener su testimonio.

"Me explicaron que querían hacer un documental sobre el crimen de la Guardia Urbana. Recalco esto porque en ningún caso me dijeron que querían hacer un documental sobre la visión legítima y subjetiva de una de las personas condenadas", ha asegurado en la 'Ser'.

Aunque en un primer momento rechazó aparecer, uno de los directores intentó convencerle de aparecer "por todos los medios": "En ningún momento se me dijo que se iba a dar la visión de solo uno de los condenados por el crimen". En definitiva, se siente "muy decepcionado" de que no se le comunicase "cuál era la pretensión" del documental.

El director del documental, Carles Vidal, ha reconocido en 'TV3' que no informaron "que era un documental de parte". "Lo que queríamos era explicar un relato que no era el que se había contado hasta entonces, así que tuvimos cuidado a la hora de contarles según qué cosas", esgrime.

Sin embargo, reconoce que a aquellos que participaron no se les llegó a decir "que Rosa Peral iba a participar". "En ese momento estábamos hablando ya con Rosa y pensamos que por el bien del documental era importante que ellos pudiesen mantener el relato que habían mantenido hasta ese momento. Nos daba miedo que saber que Rosa participaría pudiese modificar su relato", añade.

Mientras tanto, la Audiencia de Barcelona ha acordado embargar los posibles pagos que haga Netflix a los condenados por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral y Albert López, para dedicarlos a sufragar las indemnizaciones que la sentencia fijó para los familiares de la víctima.

La sentencia del caso, confirmada por el Tribunal Supremo, condenó a Peral a 25 años de cárcel y a López a 20 por el asesinato de Pedro R., también agente de la Guardia Urbana. Además la sentencia les impuso pagar 885.000 euros en indemnizaciones: 450.000 para el hijo de la víctima, 225.000 para su padre, 100.000 a cada uno de sus hermanos y 10.000 a su expareja y madre de su hijo.

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