Agosto de 2010. Sonia Iglesias, de 37 años, es vista por última vez en Pontevedra. Su pareja, Julio Araújo, es el principal y único sospechoso -tanto para la familia como para la investigación- de su desaparición.

Ahora, más de una década después, y tras morir Araújo el pasado mes de septiembre, el juzgado ha comenzado los trámites para declararla muerta, a instancias de su hijo, que en el momento de la desaparición tenía tan solo ocho años y ya es mayor de edad.

Araújo nunca confesó el crimen ni hubo contra él pruebas suficientemente sólidas para culparle del asesinato de Sonia, aunque estuvo imputado dos veces y siempre en el foco de los agentes, que llegaron a interrogarle hasta en cinco ocasiones.

En febrero de 2018, los agentes registraron una de sus fincas, sin éxito, como tampoco hallaron ni rastro de la víctima en la casa que ambos compartieron hace más de 10 años.

Aquel día del verano de 2010, Julio dejó a Sonia en la puerta de una zapatería y nadie la volvió a ver: ni fue a trabajar ni acudió a la cita que tenía con su hermana.

Su marido no tardó en convertirse en el principal sospechoso: aunque ella nunca le denunció por violencia machista, semanas antes había comenzado a acudir a una asociación de mujeres maltratadas. "En los últimos meses la acosaba, estaba pendiente de sus llamadas de teléfono, de a quién llamaba, con quién quedaba...", recordaba su hermana.

El día en que Sonia desapareció, Julio estuvo una hora fuera de casa, sin poder demostrar a los agentes exactamente dónde. Sin embargo, tampoco confesó nunca ni arrojó una pista sólida: un silencio que se llevaba a la tumba hace tres meses, a los 62 años.

Ahora, con el inicio del proceso para declararla fallecida, será la Justicia quien haga oficial lo que la familia lleva creyendo todo este tiempo: que Sonia Iglesias lleva 10 años muerta.