Alejandro Ponsoda fue tiroteado a las puertas de su casa, sin llegar a salir del coche. Fueron tres disparos de los que solo impactó uno, en la cabeza. El entonces alcalde de Polop, de 54 años, murió una semana después, sin que nadie viera nada aquella noche del 19 de octubre de 2007.
No había huellas, ni testigos, ni armas del crimen. La única pista son los dos proyectiles que no le dieron, pero impactaron en el coche y que son de
dos pistolas diferentes. Posteriormente, la investigación reveló que fueron tres personas las que estaban allí esa noche y también dónde y por qué se planeó el crimen.
Fue supuestamente en un burdel de carretera, en una sala reservada, donde se reunieron cuatro hombres. El objetivo era matar al alcalde, el precio 35.000 euros.
Así lo reveló un testigo protegido que por entonces trabaja en ese prostíbulo.
El móvil, quitar de en medio a Alejandro Ponsoda, y dejar el camino libre para un pelotazo urbanístico, justo antes de la crisis en una zona castigada por la especulación.
Dos años después del crimen se sucedieron las detenciones: un empresario, los dueños del club Mesalina, tres sicarios y Juan Cano, el que fuera concejal de urbanismo, que acudió al minuto de silencio y se quedó con la alcaldía. Pero siempre ha defendido su inocencia.
Casi 13 años después, comienza un juicio repleto de incógnitas en el que no existen pruebas directas que incriminen a los acusados. Los supuestos inductores, Juan Cano y el empresario Salvador Ros se enfrentan a 25 años de prisión.
Para el resto, el dueño y el gerente del Mesalina y los tres supuestos sicarios, se piden 27 años.
La Fiscalía se apoyará en el relato del testigo protegido, un exmercenario que aseguró ser el primero al que encargaron el trabajo y acabó rechazándolo.