Agentes de la Policía Nacional han encontrado a 270 chihuahuas y pomeranias hacinados en dos criaderos ilegales en Madrid: en Meco y Arganda del Rey. Los detenidos enfrentan hasta 18 meses de prisión y cuatro de inhabilitación por delitos de falsificación documental, organización criminal y maltrato animal, porque algunos de los perros tenían las cuerdas vocales seccionadas para no alertar a los vecinos.
El inspector jefe Juan José Castro ha explicado en Expediente Marlasca cómo se ha desarrollado la operación policial. Para empezar, cuenta que los detenidos cumplen con todos los parámetros de organización criminal: son más de dos personas, perfectamente organizados, con expertos informáticos, con una estructura jerárquica, delegaciones trabajando para el proveedor oficial y veterinarios.
La participación de estos últimos consistía en conseguir las cartillas selladas, sin que ellos avalasen que los perros habían sido vacunados.
Además, el inspector explica que los compradores no sabían que lo hacían de manera ilegal, porque aparentemente parecía un criadero normal. De hecho, el local pasó varias inspecciones, porque "las autoridades veían lo que les mostraban", y las actividades ilegales se desarrollaban en un sótano,
Los detenidos tenían a 80 parejas de perros criando en un reducido espacio, y muchos de los animales estaban enfermos, tenían diarrea, tumores, mutilaciones o incluso se les había realizado cesáreas.
El destino de los perros
Juan José Castro ha explicado qué es lo que ha ocurrido con los casi 300 perros rescatados. "Están repartidos por las diferentes asociaciones porque realmente es una cantidad ingente de perros. No conozco que se haya desmantelado de un criadero ilegal de este tipo de cachorros en ningún lado", reconoce.
Con el permiso de un juez, "se va a procurar que primero se den en acogida y después que se den en adopción", cuenta el inspector.