Nueve millones de trabajadores han perdido poder adquisitivo este 2023, entre el sector público y el privado. El IPC se sitúa ya en el 3,8%, y mientras que los empleados del sector privado han visto incrementados sus sueldos un 3,5%, en el caso de los empleados públicos tan solo lo han hecho un 3%.

Quienes sí mantienen el poder adquisitivo tras la revalorización han sido los pensionistas, que aumentaron un 8,5% sus pensiones, así como quienes perciben el Salario Mínimo o el Ingreso Mínimo Vital, que también se han revalorizado un 8% en el primer caso y un 15% en el último.

En este marco, el 55,8% de las compañías plantea la rebaja de las cotizaciones sociales como necesario elemento central de una hipotética reforma fiscal, ya que más de la mitad de las compañías (52,3%) la consideran como la figura tributaria con mayor impacto en sus costes.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda parte del 'Estudio de Clima Empresarial', realizado por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Sigma Dos, que pone el foco en la fiscalidad, la inflación y los tipos de interés.

Tras las cotizaciones sociales, los impuestos que las empresas identifican como aquellos con mayor impacto son el IVA (43,8% de las empresas) y el Impuesto sobre Sociedades (38,6%). Como segundo eje, en caso de modificarse el marco tributario, un 35,7% estima que se debería priorizar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y un 31,3% apunta a la simplificación de los procedimientos tributarios.

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