La propuesta de las Juntas de Tratamiento penitenciario es que los políticos presos tras el juicio del 'procés' pasen al segundo grado. Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la democracia explica en qué consiste esa clasificación.
"Este segundo grado es el régimen ordinario de cumplimiento que siguen la mayoría de los reclusos: ni están en un régimen de aislamiento, que es para delincuentes peligrosos, ni están en un sistema de semilibertad, en el que pueden estar la mayor parte de los días fuera de la prisión", explica el magistrado. E insiste: "Es un sistema ordinario que permite salidas fuera de la prisión, como el de Urdangarin o Pujol, eso dependerá del grado".
Además, destaca que "la propuesta se adapta a los estándares habituales, es el sistema de cumplimiento mayoritario y es muy excepcional que penados con condenas tan altas de salida tengan un tercer grado".
Bosch pide hacer una "reflexión" por parte de la sociedad, sobre lo que se comenta acerca de los presos: "En ámbitos sociales hablan de que estar en una cárcel es como estar en un hotel". A estos les recomienda que se informen.
Al mismo tiempo, indica que "las leyes que justifican los ingresos en prisión también regulan los tratamientos penitenciarios y cómo deben cumplirse las penas", con lo que "todo está en las leyes" y "son derechos que tienen los penados y que no se pueden discutir".
Sin embargo, este tipo de comentarios no llegan solo desde la sociedad civil. En el PP, Javier Maroto ha exigido a Pedro Sánchez que "explique si negocia con Junqueras beneficios penitenciarios para quienes dieron un golpe de Estado a la democracia en nuestro país".
Unas declaraciones a las que ha querido responder el magistrado: "El Supremo indicó que no hubo ningún golpe de Estado y que no concurrían en un delito de rebelión. De partida hay que ser preciso en lo que dicen las condenas y leyes". Y añade: "El Gobierno no puede pactar lo que no está en sus manos, son los tribunales los que lo deciden".