La sentencia del procés ha generado una multitud de protestas en las calles de Cataluña, pero también diferentes manifestaciones de los principales líderes políticos.
Sánchez ha asegurado que se cumplirán las penas íntegras y rechaza así el indulto a los políticos condenados. Por su parte, Ciudadanos y PP piden al Gobierno que recupere las competencias penitenciarias de Cataluña. Algo que ha sido criticado desde Unidas Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, se preguntaba en Al Rojo Vivo: "¿Por qué Urdangarin tiene derecho a beneficios penitenciarios y estos condenados no?".
En este sentido, el magistrado Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, explica que "el cumplimiento de la condena implica beneficios penitenciarios si es positivo para los reclusos". "Si hay un tratamiento que beneficia a la reinserción en la sociedad de una persona que cumple condena debe aplicarse, sea quien sea la persona condenada". No podemos diferenciar en función de la simpatía o no hacía los condenados", señala el experto.
Estos "beneficios" suponen que alguno de los políticos condenados podría recibir el tercer grado en los próximos meses. ¿Estaría ocurriendo algo inusual o ilegal? El magistrado explica que "no sería ilegal que en un periodo corto se acordara un tercer grado, que permite pasar parte de la semana fuera del centro penitenciario. Esto se hace a través de unas garantías".
En el caso de los condenados por la sentencia del procés, la decisión es de la Administración Autonómica catalana, pero como indica Bosch, "es recurrible por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria y ante la Audiencia Provincial en segunda instancia". "No se puede actuar de manera arbitraria", zanja.
Además, sobre la propuesta de PP y Ciudadanos, de pedir que el Estado recupere las competencias de prisiones, Bosch indica que "son propuestas de oportunidad, en el momento en el que hay un debate muy candente".
"Hay que ver qué es lo más positivo para las personas encarceladas. Si una comunidad autónoma tiene capacidad para gestionar la materia y lo está haciendo bien en líneas generales, no tiene sentido que se plantee", concluye el magistrado.