Este viernes hemos conocido que Sumar ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía.

Ante esta situación, hemos querido destacar el amplio espectro de competencias del Consejo General del Poder Judicial español en comparación con sus sus homólogos europeos. Y es que las funciones de este órgano van desde velar por la independencia judicial hasta la designación directa de magistrados del Constitucional. Así, el CGPJ español se erige como un actor preeminente en la escena judicial.

Sin embargo, esta concentración de poder contrasta con la realidad de otros países europeos, donde los consejos poseen funciones más específicas, limitándose, en ocasiones, a salvaguardar la independencia del poder judicial, o a castigar a los jueces por errores.

En el juego de poder entre los consejos y los partidos políticos, la elección de los miembros se convierte en un factor determinante. Mientras en España la selección recae en manos de los propios jueces y políticos, países como Reino Unido optan por un concurso de méritos, garantizando la elección de los miembros más competentes.

De esta forma, la variabilidad en la elección de los consejeros se extiende por Europa, desde sistemas mayoritariamente judiciales, como en Italia y Francia, hasta esquemas equitativos en Bélgica y Portugal, donde la participación política es más prominente.

Pese a esto, algunos países europeos adoptan un modelo radicalmente diferente, prescindiendo por completo de un consejo similar al español. En naciones como Alemania, Austria, Suecia o Finlandia, son los ministros de justicia quienes asumen las funciones clave, desde la designación de jueces hasta la gestión de la judicatura.

Este enfoque, aunque menos común, demuestra la diversidad de modelos que coexisten en el continente en la búsqueda de la justicia y la independencia judicial. En un contexto donde la balanza entre poder y equidad es tan delicada, cada nación es un capítulo distinto en la compleja novela de la administración de la justicia en Europa.