El Congreso se encuentra envuelto en una polémica tras la propuesta del Partido Socialista para establecer una comisión de investigación sobre el Tribunal de Cuentas. Esta iniciativa, que lleva días sin ser del agrado de los populares, ha desencadenado una serie de disputas políticas.

En un intento por invalidar la lista de comparecientes propuesta por el PSOE, el Partido Popular ha expresado su descontento con la propuesta socialista. Este lunes, han cuestionado la legitimidad del Tribunal de Cuentas frente a su presidenta, Enriqueta Chicano, generando un debate acalorado en el ámbito político.

Las críticas del PP hacia la gestión del Gobierno son habituales, pero llama la atención cuando se dirigen hacia una institución que anteriormente estaba bajo su control. Durante la pandemia, el Tribunal de Cuentas estaba liderado por el PP, a pesar de que ya no estaban en el poder.

La renovación del Tribunal de Cuentas, que ocurre cada nueve años y requiere una mayoría de tres quintos, se ha convertido en un punto de conflicto entre los dos grandes partidos políticos, ya que tratan de imponer su mayoría aprovechando su músculo parlamentario. ¿Cómo se eligen a los miembros? Son 12, seis a elección del Congreso, seis a elección del Senado. Coincide con el gobierno actual una mayoría progresista, siete frente a cinco, cuya presidencia ostenta la propuesta del PSOE, Enriqueta Chicano.

Pero no siempre ha sido así, durante 24 años consecutivos ha presidido el PP, la institución de los cuales gobernaba 15. La última renovación, que estaba prevista para 2021, coincidió con el inicio del mandato del PSOE. En un acuerdo político, el PSOE logró obtener el control del Tribunal de Cuentas a cambio de ceder el control sobre otras instituciones, como el Tribunal Constitucional. En este caso la mayoría se invertía, siete eran miembros progresistas -incluida la presidenta- frente a los cinco conservadores, solo dos consejeras propuestas por el PSOE se mantuvieron respecto a la etapa anterior, ni siquiera los elegidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El PSOE no siempre lo ha tenido así de fácil, durante meses se negaron los de Casado a facilitar el relevo -a pesar de que tocaba- con las disputas por los indultos independentistas como excusa, a pesar del requerimiento de Meritxell Batet como presidenta del Congreso y de la máxima representante del tribunal fiscalizador.

A pesar de que el PP dejó el gobierno en 2018, mantuvo su mayoría entre los consejeros del Tribunal de Cuentas nombrados durante su mandato en 2012, esa vez mantuvo siete de los 11 -que no 12-, porque además los socialistas perdieron ese mismo año a uno de sus miembros propuestos desde el Senado, renunció y nunca fue sustituido, por lo tanto, fue el PP quien fiscalizaron las cuentas del Gobierno de Sánchez durante la pandemia.

El Tribunal de Cuentas ha sido objeto de críticas por sus decisiones polémicas, incluyendo la exoneración de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de vivienda pública a fondos buitre en 2019 y la polémica sobre la utilización de fondos públicos por líderes independentistas para promocionar el procés en el extranjero.

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