La policía política no solo está tras los tejemanejes de Kitchen. Hay mucho más, y laSexta Clave ha querido indagar en ello. En 2017 el juez De la Mata, instructor del caso Pujol, desvela por primera vez la existencia de este grupo parapolicial. A partir de ahí, tiran del hilo hasta que sitúan el inicio de estas cloacas policiales en 2012 (primer gobierno de Rajoy) y también que se dirigen desde el Ministerio del interior de Fernández Diaz con, presuntamente, un nombre en la cúpula: Eugenio Pino, el número dos de la policía nacional.

Detrás de este entramado había al menos tres intereses. El primero era limpiar los trapos sucios del PP. Ahí entra la operación Kitchen, pero también la operación Aiko, destinada a proteger a Ignacio Gonzlez, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, para que no se le investigue en 2012 por la sospecha de la compra de un piso. El ministro del Interior frenó la investigación 46 días después de que se pusiera en marcha.

El segundo objetivo era desacreditar a los líderes independentistas catalanes, enseñar sus trapos sucios para frenar el soberanismo. En esta línea, filtran un pendrive con información de la familia Pujol y urden la Operación Cataluña para espiar a los líderes independentistas, entre ellos a los Pujol, Artur Mas y Xavier Trías y filtrar sus irregularidades, reales o presuntas.

El tercer y último objetivo de esta policía política fue desacreditar a Podemos. Estuvieron detrás del informe Pisa (el falso informe que decía que Podemos había sido financiado por Irán), e incluso enviaron al inspector Fuentes Gago a Nueva York a conseguir testimonios contra Iglesias.

Así fue esta policía política hizo y deshizo durante cinco años al antojo presuntamente del ministerio de interior de Rajoy. Las actividades parapoliciales pararon en 2016, año en el que se jubiló Eugenio Pino y Fernández Díaz salió del Ministerio del Interior.

Arranca su tramitación en Les Corts

Así es la ley de PP y Vox en la Comunitat Valenciana que mete en el mismo saco el franquismo y la Segunda República

La norma que derogará la ley de memoria democrática valenciana ha arrancado ya su trámite parlamentario. Su aspecto más polémico es que abarca desde 1931, incluyendo así la Segunda República, e incide en que "no importa el bando".