A la espera de la sentencia
La esfera política y judicial testea el estrés del Supremo tras el fallo al fiscal general
Los detalles Sectores de la izquierda consideran un "golpe de Estado" la histórica condena contra el fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. En el PP celebran la decisión y piden respeto a la justicia, aunque cuando no les ha venido bien han criticado su politización.
Resumen IA supervisado
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica contra el fiscal general del Estado por la filtración de datos del novio de Ayuso, imponiéndole una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador. Esta decisión ha generado un fuerte impacto en el Gobierno, que la acata pero no la comparte. Mientras que IU califica el fallo como un "golpe de Estado", Más Madrid lo ve como un "mensaje mafioso". En contraste, el PP de Madrid muestra satisfacción. La sentencia ha dividido al poder judicial, con críticas de sectores progresistas sobre la rapidez del fallo y el apoyo de jueces conservadores que ven pruebas suficientes. La sentencia completa, aún por conocerse, podría intensificar el conflicto.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Tribunal Supremo sigue con su particular test de estrés a la esfera política y judicial. Sigue sin dar a conocer la sentencia contra el fiscal general del Estado por el caso de la filtración de datos del novio de Ayuso, pero su condena está acaparando toda la atención.
El alto tribunal hizo público el jueves un fallo histórico contra el mayor responsable del Ministerio Público en España por revelación de datos reservados. La Sala Segunda le impuso una inhabilitación especial de dos años para ese cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales.
La noticia ha sido un duro golpe para el Gobierno, que acata la sentencia, pero ya ha dicho que no la comparte. Aunque los miembros del Ejecutivo se han mostrado muy prudentes a la hora de hablar de este asunto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha atrevido a verbalizar lo que algunos socialistas nos dicen en privado: que lo que ha ocurrido "es un golpe de Estado".
En Más Madrid han añadido aún más presión al ambiente y han afirmado que "lo de ayer en el Tribunal Supremo fue un mensaje mafioso de la derecha política".
Aunque más discretos, también hay quienes ponen a prueba la capacidad de aguante del Supremo ante los ataques políticos. Los ministros Óscar López y Yolanda Díaz han afirmado que detrás de la decisión hay una "motivación política".
Al otro lado se encuentran quienes celebran la resolución judicial. En el PP de Madrid, no aplauden, pero les falta poco. Fuentes populares han hablado de "satisfacción" por la decisión y en Génova han defendido el respeto a las decisiones judiciales.
Eso sí, la consideración hacia la labor judicial la muestran ahora y con este asunto. Porque, cabe recordar que cuando el Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía dijeron que era un órgano político.
División en el poder judicial
La evidente tensión llega hasta el poder judicial, que ha amanecido este viernes muy dividido por el fallo. Por un lado, miembros del sector progresista critican que se ha tomado la decisión con "demasiada rapidez y sin unanimidad" y que "no hay ni un solo elemento probatorio" para la condena.
Por su parte, hay jueces conservadores como Manuel García Castellón, que sí que ven elementos que prueban la culpabilidad de García Ortiz. El magistrado considera que en su nota de prensa, el fiscal general dio detalles que no podía hacer públicos, aunque ya se conocieran.
Todo ello, a falta de conocer la sentencia, que aclarará elementos clave como los hechos probados o los fundamentos jurídicos que han llevado a la condena correspondiente. Quedará ver si eso agrava aún más el conflicto entre los distintos bandos.
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