Mientras Francia celebra la histórica inclusión del aborto en su Constitución, un acto seguido y celebrado por miles en la calle, en España se conmemora el primer aniversario de su última reforma de la ley del aborto. Un momento que nos lleva a reflexionar sobre los avances y las asignaturas pendientes en la protección de este derecho fundamental para las mujeres.

Ha pasado un año desde que España se propuso garantizar un acceso igualitario al aborto en todas sus comunidades, buscando que este servicio se ofrezca regularmente en la sanidad pública. La ley introdujo medidas como la creación de un listado de médicos objetores de conciencia, con el objetivo de mejorar la organización y gestión de estos servicios. Sin embargo, la realidad muestra que aún hay camino por recorrer.

A pesar de los esfuerzos, al menos seis comunidades autónomas aún no cuentan con el registro de médicos objetores, lo que pone de manifiesto las disparidades en el acceso al aborto en el territorio español. Este hecho, documentado por datos facilitados a Newtral, subraya la necesidad de una implementación más efectiva de la reforma.

Los números hablan por sí solos. Aunque aún no contamos con datos completos de 2023, las cifras de 2022 revelan una realidad preocupante: solo el 17% de los abortos se realizaron en centros públicos, con notables diferencias entre comunidades. Mientras Cataluña y Galicia muestran un porcentaje significativo de abortos realizados en la sanidad pública, en Andalucía, Murcia y Extremadura la situación es alarmantemente distinta.

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