En un artículo publicado por el diario alemán 'Spiegel', se denuncia la cruda realidad del trabajo doméstico en España, donde las empleadas ilegales juegan un papel crucial en la economía del país bajo condiciones inhumanas. El reportaje destaca cómo, detrás de cada hogar bien mantenido y cada jornada laboral equilibrada, se oculta una empleada doméstica que a menudo trabaja en condiciones de explotación y precariedad.
Las empleadas domésticas en España, en su mayoría mujeres, enfrentan jornadas laborales extenuantes que pueden alcanzar hasta 70 horas semanales, con salarios que a menudo no superan los 500 euros al mes. Muchas de estas trabajadoras, que se dedican a tareas como la limpieza, la preparación de comidas y el cuidado de los hijos, no gozan de vacaciones ni de un salario justo, y su situación se asemeja a la de 'esclavos modernos'.
Los datos revelan una clara feminización del sector: el 95,65% de las personas con contrato en el trabajo doméstico son mujeres, y una gran parte de ellas son mayores de 55 años y migrantes. Además, se estima que aproximadamente el 45% de estas trabajadoras son extranjeras, de las cuales el 36% proviene de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, el panorama es aún más sombrío para las trabajadoras en situación irregular, que, según Intermon Oxfam, ascienden a unas 70.000 personas. Estas mujeres, que laboran sin contrato y bajo condiciones extremas, a menudo viven bajo el umbral de la pobreza, con un salario bruto medio un 60% inferior al de otros sectores laborales.
Aunque en 2022 se logró un avance significativo al otorgar derechos de paro y obligar a dar de alta en la seguridad social a estas trabajadoras, la realidad para muchas sigue siendo desoladora. Las multas por emplear a trabajadoras del hogar sin contrato oscilan entre 3.700 y 12.000 euros, pero la implementación efectiva de estas leyes sigue siendo un desafío.
A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo estima que 76 millones de empleadas del hogar carecen de protección social, subrayando la necesidad urgente de reformas que garanticen derechos y condiciones dignas para todas las trabajadoras del sector.
El TS aún podría imputarlo
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