El IPREM, equivalente al kilo en peso o al metro en distancias, es la medida que determina el acceso a ayudas públicas. Fijado en 600 euros al mes (7.200 al año), es el criterio para abogados de oficio, viviendas protegidas, bonos sociales y más. Sin embargo, este estancamiento provoca que aquellos que necesitan ayudas sean cada vez menos, ya que 600 euros al mes no son suficientes para vivir.
Aunque los salarios aparentemente han subido, la realidad es otra. La inflación se ha comido esos aumentos, dejando a los ciudadanos con un poder adquisitivo estancado. Ahora, aquellos que antes recibían ayudas, pese a seguir necesitándolas, se ven excluidos por superar un IPREM que no ha evolucionado.
La pregunta es evidente: ¿Cuánto debería subir? Según Comisiones Obreras, 84 euros serían suficientes para ajustar el índice y evitar estas situaciones.
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Sin embargo, la subida del IPREM está ligada a los Presupuestos Generales del Estado. La reticencia a incrementarlo se vincula al aumento del gasto estatal en ayudas sociales y desempleo. ¿Cuándo y cuánto se subirá? La incertidumbre persiste, mientras miles se enfrentan a la paradoja de haber mejorado sus salarios, pero al mismo tiempo, quedar excluidos de las ayudas que realmente necesitan.
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