¿Qué debe cambiar de la ley del 'solo sí es sí' para detener el goteo de rebajas de penas?

Ya es oficial: la ley del 'solo sí es sí' será corregida por el Gobierno. Así lo ha confirmado Félix Bolaños este lunes, aunque ha matizado que esa modificación se hará tanto si cuenta con el apoyo de Podemos como si no hay un acuerdo entre ambas partes de la coalición.

Con 337 sentencias rebajadas y 23 excarcelaciones, cabe preguntarse qué se puede hacer para parar este goteo de rebajas. En prácticamente todos estos casos, el gran problema reside en las penas mínimas, horquillas que se han modificado a la baja.

Cogiendo de ejemplo el tipo básico de agresión sexual, si antes la horquilla era de 6 a 12 años de prisión, ahora va de 4 a 12 años. Es decir, una posible revisión sería aumentar esas penas mínimas. Este arreglo no supondría una marcha atrás en las rebajas de penas que ya se han dado, sino que sería un cambio a futuro para aquellas agresiones que se produzcan después de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

Desde Podemos, ponen el foco en el consentimiento, una línea roja que para la formación morada supone "el corazón" de la ley, en palabras de Irene Montero. Este consentimiento siempre ha estado contemplado en la ley, pero lo que cambia es la violencia: sin ella, se trataba de un abuso; con ella, agresión. Esto llevaba a la víctima a tener que demostrar si había ofrecido resistencia.

También desde Podemos se ha dicho que esta polémica se debe a la interpretación de los jueces de la ley, especialmente por parte de jueces conservadores. La realidad es que se trata de un argumento falaz, ya que las rebajas están siendo aplicadas por jueces conservadores... pero también progresistas. En el caso de la Arandina, por ejemplo, de los cinco magistrados que dictan la sentencia, dos fueron progresistas.

Al menos 11 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos ya han aplicado rebajas de penas, así como 30 Audiencias Provinciales o el propio Tribunal Supremo. Pero la realidad es que hay más, porque hay secciones de Audiencias Provinciales que no han dado datos porque los jueces no tienen la obligación de comunicar sus sentencias, salvo a las partes interesadas.