En el Congreso se ha dado el primer paso para gravar a las eléctricas y los bancos con un impuesto extraordinario. Los partidos de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han conseguido el apoyo de sus socios de investidura para sacar adelante la proposición de ley. Aunque varios partidos han dicho que tratarán de modificar una parte del contenido.

Los grupos podrán modificarlo en su tramitación, pero ahora mismo está planteado de la siguiente manera: plantean un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

Pero las eléctricas y los bancos ya han anunciado que van a recurrir este impuesto ante el Tribunal Constitucional y es aquí donde estará la batalla que se va a librar en los próximos meses.

Según varios expertos fiscales, en el caso del impuesto a la banca podría tener recorrido porque consideran que el tributo supondría una doble tributación, ya que los bancos ya pagan el Impuesto de Sociedades. Además, añaden que podría afectar al régimen de financiación de las CCAA y, llegado el caso, no podrían evitar que las entidades trasladasen este coste al usuario.

En el caso de las eléctricas, además de la doble imposición, estos expertos nos dicen que no está muy claro que se hayan beneficiado de las medidas puestas en marcha, ni sobre los beneficios caídos del cielo.

La Unión Europea en los últimos meses ya ha reiterado que hay que ir por esta línea. Además, si nos fijamos en el ejemplo de otros países vemos como en el caso del impuesto a la banca ya lo han establecido Hungría o en Polonia.

En el caso del impuesto a las energéticas, vemos como Italia tiene un gravamen del 25% sobre beneficios extraordinarios, en Reino Unido también se ha puesto en marcha para gravar los beneficios caídos del cielo, como en Grecia o en Bélgica, que lo van a establecer pero aún está por definir.

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