Acuerdo entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, que esperan detener las rebajas de pena y excarcelaciones provocadas por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Pero, ¿qué modifica exactamente esta reforma de la norma que apoyan tanto 'populares' como socialistas?

Cambios en las penas mínimas

En primer lugar, se modifican las penas mínimas de algunas horquillas, que es donde estaba el problema. Por ejemplo, en el tipo básico de agresión sexual con penetración, con la ley del 'solo sí es sí' la horquilla penológica iba de cuatro a 12 años, pero con la futura legislación se eleva de seis a 12 años, de tal forma que no se puede producir una rebaja cuando se impone la pena mínima en una sentencia.

En el tipo de agresión sexual con penetración y agravantes se crea también un subtipo agravado dentro de esas horquillas. Antes, esta era mucho más amplia, de siete a 15 años, y eso permitía mayor discrecionalidad por parte los jueces. Con la nueva ley se crean para ciertas agravantes, como el uso de violencia, horquillas más pequeñas, de 12 a 15 años, lo que obliga a los jueces a tipificar en ese pequeño rango.

¿Sigue el consentimiento en el centro?

Podemos siempre ha sostenido que el problema no era de la ley, sino de los jueces, y ha insistido en que esta reforma suponía volver al Código Penal anterior a la ley del 'solo sí es sí' y que ya no se pone el consentimiento en el centro. ¿Es esto así? Lo cierto es que el consentimiento siempre ha estado en todas las legislaciones, lo que dice la formación morada es que deja de estar en el centro y su lugar lo ocupa la violencia. En su opinión, en esas horquillas más amplias la violencia tendría que ser una agravante.

Lo que argumentan PP y PSOE es que eso no soluciona el problema porque lo que hay que hacer es tipificar esas horquillas de forma más reducida para evitar esa discrecionalidad de los jueces que puede llevar a esas rebajas que se han producido durante los últimos meses.

Rebajas de penas y excarcelaciones

Desde que se aprobó la ley hasta ahora, ¿de cuántas rebajas tenemos constancia? Son ya como mínimo 978, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Hay que tener en cuenta que este cómputo de rebajas no discrimina entre las que son individuales y las sentencias por agresiones sexuales grupales. Es decir, que el número de agresores sexuales beneficiados es aún mayor y podría estar ya por encima del millar. Es el 32% de las sentencias que se revisan: de cada tres que se revisan, una se rebaja.

Es muy importante además el dato del Tribunal Supremo, porque sus rebajas ya son firmes: son el 40% de las sentencias revisadas, 15 de 37. En este sentido, el 6 y 7 de junio es una fecha muy importante porque la Sala Segunda va a estudiar los primeros recursos que ha presentado la Fiscalía del Supremo y va a establecer el criterio definitivo, que va a decidir si se revocan esas rebajas de penas o se tienen que mantener.

En cuanto a las excarcelaciones, ya vamos por 104 agresores que están en la calle y que si se revocaran esas rebajas tendrían que volver a entrar en prisión. Por Audiencias Provinciales, donde más ha habido ha sido en Madrid, con 16, ocho en Cádiz y seis en Baleares. Todos esos presos ya están en la calle a día de hoy.

¿Qué está ocurriendo en los TSJ?

Algunas de estas decisiones están llegando a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, donde están reevaluando las decisiones previas de los jueces. En la apelación ante esos Tribunales Superiores autonómicos, estamos teniendo dos tipos de fenómeno: sentencias que se habían rebajado y cuyas reducciones se están revocando y, por otra parte, sentencias que se habían mantenido en primera instancia en las Audiencias Provinciales y que ahora se están rebajando.

El Ministerio de Igualdad dijo que iba a haber un vuelco en los TSJ y que ese contador de rebajas iba a ir hacia atrás, pero esto no se está produciendo: en marzo se han producido 37 rebajas en esta instancia y 82 en abril. Se revisan más, pero no se está produciendo esa marcha atrás del contador de rebajas de penas.