¿Puede el Gobierno frenar lo que aprobó el Congreso? La polémica liberalización del AVE

El Congreso aprobó ayer una enmienda que obliga a Renfe a devolver indemnizaciones a los viajeros por retrasos en los trenes AVE y de larga distancia, siguiendo la política de 2023. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que estudiará una solución jurídica antes de aplicarla, lo que abre un debate sobre si podrá cumplir con lo aprobado.

Retrasos y reembolsos: la factura que preocupa a Renfe

En lo que va de 2025, los trenes AVE y de larga distancia han acumulado un retraso medio de 16,1 minutos. El 15,5% de los trenes ha llegado con más de 15 minutos de retraso, y julio se consolidó como el mes más crítico, con uno de cada cinco trenes retrasado más de cuarto de hora.

En 2023, Renfe reembolsó 42 millones de euros cuando los retrasos superaban los 15 minutos. Con la nueva política, que solo obliga a reembolsar a partir de 60 minutos, la cifra se redujo a 12,5 millones. La enmienda aprobada ayer pretende devolver la política anterior, lo que supondría un coste adicional para la compañía de 43 millones de euros.

El ministro de Transportes, Bustinduy, justificó la postura del Gobierno: "La abrimos a empresas privadas que no pusieron un duro y que vienen aquí para llevarse el beneficio. Entonces a mí me parece muy bien que se recuperen esas indemnizaciones, pero que lo pongan los operadores privados también, ¿no?"

Dificultades legales y competitivas

Desde el Ministerio de Transportes explican que la ley actual solo obliga a Renfe a indemnizar, lo que crea una competencia desigual frente a los operadores privados como Ouigo e Iryo. Además, las indemnizaciones actuales cumplen con la normativa europea, aunque son menores que las de 2023 y superiores a las que ofrecen los nuevos operadores.

Fuentes ministeriales aseguran que buscarán una solución legal antes del 1 de enero, probablemente retrasando la entrada en vigor de la medida. Los escenarios que maneja el Gobierno incluyen la posibilidad de subir el precio de los billetes o reducir algunos servicios públicos deficitarios, especialmente en localidades pequeñas.

La liberalización del AVE: más opciones, precios más bajos… y más problemas

El tren español ha cambiado radicalmente desde la creación de Adif en 2005. La liberalización de la alta velocidad se ha producido en dos fases:

• Primera fase (culminada en 2020): corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Sevilla/Málaga, beneficiando a 15 provincias e incorporando a Ouigo e Iryo junto a Renfe.
• Segunda fase (2021-2026): nuevos corredores Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, sumando 13 provincias más.

El resultado ha sido una caída del 33% en el precio medio de los billetes, con 49 millones de pasajeros en 2024, un 42% más que en 2019, y un ahorro total de 431 millones de euros para los viajeros respecto a 2019.

Renfe sigue con números rojos: en octubre perdió 2,95 millones de euros, aunque mucho menos que los 118,6 millones de 2023. Sus ingresos crecieron hasta 4.122 millones, sumando compensaciones públicas. Adif, por su parte, ganó 133,3 millones gracias al aumento de trenes en circulación.

Más trenes y más competencia han traído billetes más baratos y mayor oferta, pero también más retrasos y debates sobre quién paga el coste real del tren en España. La decisión del Gobierno sobre las indemnizaciones será clave para definir cómo se aplica la liberalización y si Renfe podrá mantener su equilibrio financiero mientras cumple con las nuevas reglas.

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