Décadas de denuncias
La presidenta del CGPJ reabre el debate sobre la independencia judicial: una vieja reivindicación contra a las presiones
El contexto Perelló exige "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial"; así se suma a jueces como Garzó, Martín Pallín y Alaya, que durante décadas han denunciado presiones políticas sobre la justicia.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lanzado este martes un mensaje claro y contundente: hay que poner freno a las presiones contra los jueces. Lo ha hecho desde la sede del órgano de gobierno de los jueces, en una declaración institucional que no deja lugar a dudas. "Cada vez que se pone en cuestión la capacidad de un juez, se está afectando el Estado de derecho. No caben los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables. Reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", ha afirmado.
Después de que varios ministros del Gobierno hayan insinuado que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por razones políticas. Pero, aunque el contexto actual haya reactivado la polémica, lo cierto es que la denuncia de injerencias en la justicia es una constante en la historia democrática de España.
Una lucha que viene de lejos
Desde los años 80, jueces y magistrados han denunciado presiones externas. Durante la etapa más dura de la lucha contra ETA, algunos jueces ya empezaron a levantar la voz. Uno de los más conocidos fue Baltasar Garzón, que años más tarde también recibiría fuertes presiones por su papel en la investigación del 'caso Gürtel', una de las mayores tramas de corrupción del Partido Popular. El juez José Ricardo de Prada, uno de los redactores de la sentencia de ese caso, acabó pidiendo amparo al CGPJ tras ser acusado por dirigentes del PP de practicar 'lawfare'.
El debate sobre la politización de la justicia tampoco ha pasado desapercibido para figuras como el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, quien ha abordado en sus libros varios casos polémicos que, según él, muestran hasta qué punto la política trata de influir en los tribunales. Entre ellos, el juicio al expresidente vasco Juan María Atutxa o el proceso contra Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre en Cataluña.
El CGPJ, la única barrera
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano al que los jueces acuden cuando sienten que están siendo atacados o presionados en su labor. En 2015, por ejemplo, tres magistrados de la Audiencia Nacional pidieron amparo tras las duras críticas del PP por la excarcelación del exdirigente etarra Santi Potros. Fue uno de los momentos más tensos entre la política y la judicatura.
Casos similares se han repetido en los últimos años. Jueces como Manuel García Castellón o Santiago Pedraz también han denunciado presiones o campañas de descrédito. Y la jueza Mercedes Alaya, conocida por su instrucción del caso de los ERE en Andalucía, también habló públicamente de interferencias durante sus investigaciones.
Un aviso que no cae en saco roto
La declaración de Isabel Perelló no es simplemente una reacción puntual: es un recordatorio de que, en una democracia, los jueces deben poder trabajar sin amenazas, sin campañas de desprestigio y sin presiones desde ningún ámbito. Ni político, ni mediático, ni social.
Con su intervención, la presidenta del CGPJ se suma a una larga lista de voces judiciales que, desde hace décadas, reclaman algo tan básico como respetar la separación de poderes. Porque sin una justicia libre e independiente, el Estado de derecho pierde su fuerza.