Este fin de semana, la tragedia se ha cernido sobre el Campo de Gibraltar con el asesinato de dos guardias civiles, un trágico recordatorio del alto precio que la región paga por su posición estratégica en el mapa del narcotráfico. La implacable lucha contra este flagelo ha movilizado a 25.000 policías y guardias civiles en 22.000 operaciones, con más de 19.000 personas detenidas o investigadas, evidenciando la magnitud de una guerra sin tregua contra el tráfico de drogas.
Situada a escasos 14 kilómetros de Marruecos, el principal productor de hachís del mundo, Cádiz se convierte en el punto de entrada lógico para el narcotráfico hacia España y Europa. Con un frente de costa vulnerable y ríos y marismas que sirven de refugio, la provincia es el eslabón perfecto en esta cadena ilícita que se aprovecha de su posición para infiltrar drogas en el continente.
Con la mayor tasa de paro de España, Cádiz se enfrenta a su vez a la tentación del dinero fácil que ofrece el narcotráfico. Desde los vigilantes hasta quienes transportan la droga, muchos ven en este negocio ilícito una salida desesperada a la falta de oportunidades, perpetuando un ciclo de dependencia económica que se enraíza en la sociedad.
Además, la normalización y banalización del narcotráfico se han infiltrado en la cultura de Cádiz, donde cierto respeto y admiración hacia quienes se dedican a este negocio ilícito crece peligrosamente. Esta 'narcocultura', que se alimenta de la percepción de las drogas como un problema menor, socava los esfuerzos por erradicar este problema y pone en riesgo la cohesión social y la seguridad de la provincia.
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La desarticulación de la unidad OCON Sur, especializada en la lucha contra el narcotráfico, ha encendido las alarmas sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior. La crítica de la Fiscalía Especial Antidroga resalta la preocupación por una supuesta reducción de la presión policial, lo que podría estar facilitando las actividades del narcotráfico en la zona.
Las consecuencias de la sequía en Cataluña
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Freixenet intentó aplicar un ERTE para 615 trabajadores argumentando la sequía en Cataluña, pero la Generalitat lo ha invalidado, destacando que la falta de lluvias no constituye una causa de fuerza mayor, según la normativa vigente.