El Tribunal Constitucional ha establecido que obligar apracticar un abortoen una comunidad autónoma distinta a la de residencia vulnera los derechos fundamentales de la mujer. Decisión trascendente del Tribunal Constitucional en las últimas horas que puede cambiar al fin la realidad del aborto en nuestro país. El Alto Tribunal censura que una mujer fuera derivada de Murcia a un centro privado de Madrid para abortar.

Asegura que obligar a una mujer a desplazarse de su comunidad autónoma para abortar en una clínica privada no respeta sus derechos. Considera que las mujeres que tienen que pasar por este proceso se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad física y mental, que tan solo se incrementa al verse obligadas a salir de su entorno. Se trata de algo que ocurre con mucha frecuencia en España: la mitad de las mujeres que interrumpen su embarazo lo tienen que hacer lejos de donde viven.

Entre 2011 y 2021 abortaron en España alrededor de 90.000 mujeres, y al menos 45.000 de ellas fueron forzadas a desplazarse de su localidad de residencia para abortar. Hay 11 provincias donde no se ha notificado ningún aborto. Oficialmente, ninguna mujer ha podido someterse a ello en Zamora, Palencia, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Toledo y Cáceres. En estas dos últimas, 10.000 y 4.000 mujeres respectivamente tuvieron que viajar a otros lugares de España.

Desde que entró en vigor la Ley del Aborto de Zapatero en 2010, poco más del 15% de los abortos se han realizado en la sanidad pública. De esas 90.000 mujeres que solicitaron abortar entre 2011 y 2021, apenas 14.000 pudieron hacerlo a través de la sanidad pública. Solo en tres comunidades autónomas más del 50% de las mujeres han podido abortar en la sanidad pública: son Cataluña, Cantabria y Baleares. En Valencia, Galicia y Navarra, entre el 5 y el 50% de los abortos se han realizado en centros públicos, y en el resto de España menos del 5% de las interrupciones de embarazo las han realizado profesionales públicos.

La reforma de la Ley del Aborto de Irene Montero pretendía blindar la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción del embarazo. Ahora la decisión del Constitucional puede ayudar a que se haga realidad.

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