Durante los momentos más duros de la pandemia en 2020, la desesperación por adquirir equipos de protección y realizar pruebas diagnósticas llevó a situaciones inauditas en el mercado. Los precios de los productos esenciales, como las mascarillas FFP2, sufrieron una volatilidad extrema, oscilando entre los 0,25 céntimos y los 8 euros por unidad. Esta variabilidad no solo reflejaba la incertidumbre de aquellos días sino también una alarmante especulación, con ejemplos tan flagrantes como el del gobierno de Murcia, que pagó hasta 40 veces más por el mismo tipo de mascarilla en un corto lapso de tiempo.

No solo las mascarillas vieron incrementados sus precios. Los guantes y el gel hidroalcohólico, elementos cruciales para la prevención del contagio, experimentaron subidas desorbitadas, llegando a multiplicarse por 17 y a comprarse a 40 euros el litro, respectivamente. Esta espiral de precios no se limitó a las adquisiciones gubernamentales; los ciudadanos, en su lucha diaria por protegerse, se encontraron con estantes vacíos y precios exorbitantes en los pocos productos disponibles en farmacias y tiendas.

Ante una situación insostenible y crecientes críticas, el Gobierno se vio obligado a intervenir, estableciendo precios máximos para mascarillas, gel hidroalcohólico y tests. Esta medida, si bien tardía, comenzó a poner freno a la locura de precios que había dominado el mercado. Sin embargo, dejó al descubierto la extrema vulnerabilidad de la cadena de suministro y la facilidad con la que la urgencia puede ser explotada económicamente.

Con el paso del tiempo y la estabilización del mercado, surge una mirada retrospectiva sobre aquellos días de incertidumbre. Se hace evidente que, además de combatir un virus, la sociedad enfrentó una batalla contra la avaricia desenfrenada de agentes conseguidores sin escrúpulos.

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