La ola de calor está provocando que la excepcionalidad ibérica, el tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad, no esté funcionando como el Gobierno pensaba. Sin embargo, el siguiente paso en la peculiar guerra del Ejecutivo con las compañías eléctricas es la de subir los impuestos ante el alza de los beneficios que se prevé por el desboque de la electricidad.

Lo cierto es que este gravamen es algo que tanto Bruselas como la OCDE llevan meses pidiendo: recortar parte de las ganancias para compensar a los consumidores. Si el Gobierno español lo hace, no sería el primero. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ya ha aplicado un impuesto específico a las eléctricas: el pasado marzo lo arrancó con un 10% y solo un mes después lo subió al 25%. Se trata de una medida con carácter retroactivo que afecta a las eléctricas desde el pasado octubre hasta abril.

También lo ha aplicado el conservador Boris Johnson, al frente del Reino Unido. A finales del pasado mayo, el ministro de Hacienda británico anunció un impuesto del 25% a eléctricas y petroleras que, según sus cálculos, le permitirá recaudar casi 6.000 millones de euros en solo doce meses.

No son los únicos: el de Bélgica prepara un impuesto contra los beneficios caídos del cielo, aunque aún no se sabe de qué manera ni cuándo entrará en vigor. Lo explicamos todo en el vídeo superior de esta noticia.

En el caso de España, desde Hacienda apuntan que son "favorables de incrementar la aportación fiscal de las compañías eléctricas" y que podría darse de dos maneras: modificando los impuestos que ya existen, como el de Sociedades, o creando uno nuevo, algo que se está estudiando y negociando dentro de la coalición.

¿Cómo y cuándo se aplicará ese impuesto?

El Gobierno baraja varias opciones para crear este impuesto a las eléctricas. La principal duda es cuándo y cómo hacerlo. Desde el Gobierno ya no mencionan la vía de los Presupuestos Generales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree que primero hay que "comprobar cuáles son las medidas más efectivas", por lo que ha admitido que aún están "en la fase de análisis".

"El equipo de María Jesús Montero es muy profesional, está estudiando todas las alternativas", ha dicho, por su parte, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno. Según ha podido saber laSexta, la manera más rápida para tener ese gravamen sería tocar el Impuesto de Sociedades: subir el 25% que pagan las eléctricas y el 30% de las petroleras. Pero preocupa que así, al final, terminen repercutiéndolo en el consumidor.

Ribera ha insistido en que lo primordial es que "no repercuta de manera negativa en el consumidor, sino que en un su caso reduzca los beneficios de las compañías", algo que requiere "cuidado, no solamente la definición". De hecho, es ahí donde ha estado el desencuentro entre los socios de Gobierno: Hacienda descartó uno de los caminos más rápidos, el decreto: "Quiero recordar que los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de este tipo", insistió María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Mientas, la titular de Transición Ecológica abogó por usar la vía de la legislación presupuestaria, algo que no gustó a la parte de Unidas Podemos, que criticaba que si se espera a los Presupuestos el impuesto llegaría el año que viene: "No es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales", insistió la vicepresidenta Yolanda Díaz.

"El Ministerio de Hacienda conoce perfectamente sus competencias y mejor que cualquier otro ministerio", insistió Montero. Tras este encontronazo, hoy ya no se menciona presupuestos y se apuesta por encontrar una vía rápida como quiere la vicepresidenta Yolanda Díaz. Este impuesto se podría utilizar para sufragar el abono transporte público, como hacen en Alemania.

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