Esta semana se cumplen 20 años del 'tamayazo'. La traición política de dos miembros del PSOE madrileño que impidió al socialista Rafael Simancas convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid con 36 años. Los socialistas e Izquierda Unida sumaban un diputado más que el PP y Esperanza Aguirre iba a ser la gran derrotada. Pero Tamayo y Sáez se dieron a la fuga de la Asamblea de Madrid y en Madrid no hubo Gobierno progresista.
20 años después, tres claves sobre lo qué pasó realmente en esas horas. Primera: ¿quién estaba detrás del 'tamayazo'? La pista fundamental es el hotel en el que se escondieron Tamayo y Sáez tras su espantada. Un periodista de la Cadena Ser encuentra a Tamayo y Sáez en un hotel a solo ocho kilómetros de la Asamblea. La habitación fue reservada por un constructor, Francisco Bravo. Otra pista sobre quién movió los hilos: las llamadas telefónicas. Esos días, Eduardo Tamayo llamó 16 veces a su asesor jurídico, José Esteban Verdes. Y Verdes, tras recibir la llamada, telefoneó en varias ocasiones a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid. El triángulo del tamayazo.
La segunda clave del 'tamayazo', es quizás la más sorprendente: solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo.
Última clave: ¿por qué la justicia no investigó este caso? El entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, le obligó a dejar sus averiguaciones. A Cardenal le había colocado el PP. Con el cambio de Gobierno y la llegada de Zapatero muchos pensaron que todo cambiaría, que la Justicia se atrevería a indagar entre los beneficiados del tamayazo. Pero no fue así.
Por la propuesta de Bruselas
El pescado fresco de España, en peligro: productos de Argelia, Marruecos y Túnez podrían reemplazar al producto local
Las consecuencias Bruselas propone reducir los días de pesca en el Mediterráneo de 130 a 27 para proteger la biodiversidad marina, pero podría poner en riesgo 17.000 empleos y dejar a miles de familias con ingresos insostenibles.