En la Línea de la Concepción, un barrio conocido como 'El Zabal' se ha convertido en el símbolo de la impunidad con la que operan los capos del narcotráfico. Este enclave, apodado "villanarco" por las autoridades, muestra la magnitud del problema: mansiones fortificadas, piscinas y narcolanchas ocultas, todo ello con accesos directos al mar. La situación ha alcanzado tal extremo que la Fiscalía Antidroga ha solicitado el apoyo de la Armada para reforzar la lucha contra este flagelo.

Ante este escenario, surge la propuesta de unificar esfuerzos creando una Guardia Costera Española, capaz de coordinar la batalla en todos los frentes marítimos. Actualmente, la lucha contra el narcotráfico se encuentra repartida entre diversos cuerpos: Guardia Civil, Policía Nacional con sus Grupos Especiales de Operaciones (GEO), y la Armada en alta mar, sin olvidar las competencias de Aduanas, Interior, Defensa y Hacienda. Esta dispersión no solo diluye la eficacia de las operaciones, sino que también revela una preocupante duplicidad de medios y funciones.

Sin embargo, la creación de una Guardia Costera enfrenta obstáculos significativos. La reestructuración necesaria implica una redistribución de competencias y recursos que algunos cuerpos podrían ver como una pérdida. Además, con una costa de 8.000 kilómetros y las competencias marítimas ya asumidas por las autonomías, como el servicio de guardacostas de Galicia o la reciente policía marítima de Cataluña, el camino hacia una solución unificada se antoja complejo.

Mirando hacia el exterior, el ejemplo de la Guardia Costera de Estados Unidos ofrece un modelo de eficacia con una cadena de mando unificada. Cubriendo desde el narcotráfico hasta la protección medioambiental y la seguridad marítima, su enfoque podría servir de inspiración para España. Sin embargo, adaptar este modelo al contexto español requerirá no solo un cambio estructural, sino también una voluntad política que, por el momento, parece estar en calma chicha.

Lucha contra los bulos

Las claves para identificar y denunciar las noticias falsas, un desafío legal en España

Aunque la difusión de mentiras está protegida por el derecho a la libertad de expresión, según la Constitución Española, casos donde los bulos conllevan la comisión de delitos, como difamación, incitación al odio o revelación de secretos, pueden ser objeto de denuncia.