Algunos políticos dudan sobre si han sido espiados pero, de momento, lo que está confirmado es que los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa fueron infectados por Pegasus. De hecho, la vertiente judicial de este supuesto espionaje avanza rápidamente: la Abogacía del Estado ha presentado una denuncia que ya ha sido admitida por la Audiencia Nacional. Para despejar todas las dudas acerca del recorrido judicial de este caso, laSexta Clave ha contado con el periodista de Tribunales Alfonso Pérez Medina.

Explica que el delito que se investiga es el de descubrimiento y revelación de secretos, un delito castigado con penas que van entre uno y cuatro años de cárcel. Si, además los secretos se difunden -por lo que sabemos, de momento, no sería el caso-, la pena llegaría a cinco años de cárcel. Si además, detrás de todo esto hay un ánimo de lucro se podría llegar hasta los siete años de cárcel.

La investigación la va a asumir el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Este magistrado de amplia trayectoria llegó en el año 2018 a la Audiencia Nacional para sustituir al juez Fernando Andreu y ha instruido en este tiempo causas como la relativa a la ampliación de capital del Banco Popular; la venta de la Torre Cepsa; o la mafia china del 'caso Emperador', liderada por el empresario Gao Ping. Es un juez bastante reservado y poco dado a salir en los medios de comunicación, según apunta el periodista.

¿Se puede saber quién espío los teléfonos?

Una vez que se ha abierto la investigación la duda que surge es qué se puede hacer para averiguar la autoría de estos espionajes, y sobre todo si hay alguna posibilidad de que la Justicia llegue hasta el fondo.

Lo normal es que el juez solicite el informe que realizó el Centro Criptológico Nacional sobre las intrusiones que habrían sufrido Sánchez y Robles. Después, cabría la posibilidad de que testificaran como testigos -tanto de forma presencial como por escrito-.

Además, se podrían cursar comisiones rogatorias a Israel, para preguntar a la compañía que comercializa Pegasus por sus clientes.

Lo cierto es que las fuentes expertas consultadas nos dicen que es muy complicado que se llegue a saber quién ha ordenado la investigación, sobre todo porque ningún Gobierno, corporación o empresa va a reconocer unos hechos que son claramente delictivos y que podrían generar graves conflictos diplomáticos.

¿Por qué se investiga en la Audiencia Nacional?

La investigación la ha abierto el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. ¿Por qué asume estas pesquisas este tribunal y no otro? Como explica Alfonso Pérez Medina, se trata de delitos que afectan a representantes de Altos Organismos de la Nación, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva la investigación y el enjuiciamiento de este tipo de delitos a la Audiencia Nacional.

Pero eso no quiere decir que esta sea la única investigación que se pueda abrir por los espionajes con 'Pegasus'. Varios dirigentes de la CUP y de Omnium Cultural que habrían sufrido también esos espionajes se han querellado en un juzgado de Barcelona contra la empresa israelí NSO Group, comercializadora del programa espía, por un mal uso del mismo.

Y hay otra vía, la anunciada por el expresident de la Generalitat, Quim Torra, y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que presentarán una demanda por la vía civil en el Tribunal Supremo, por vulneración de su derecho contra la intimidad y la propia imagen. Ahí lo que se reclamaría es una indemnización por los perjuicios causados.

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