Sin pruebas, no hay delito
Escándalo del SAS en Andalucía: tus datos médicos deben guardarse cinco años, ¿y si no es así?
¿Por qué es importante? Los hospitales están obligados por ley a conservar los datos clínicos durante al menos cinco años. Sin esos registros, las mujeres afectadas por los fallos de los cribados de cáncer de mama podrían quedarse sin pruebas, sin manera de reclamar y sin justicia.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha pedido a Amama, "desde el cariño, la cercanía y la solidaridad", que "deje de lanzar infundios y deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".
Sin embargo, mientras el Gobierno andaluz niega cualquier irregularidad, algo mucho más grave ha ocurrido: han desaparecido varios historiales médicos de las mujeres afectadas por el fallo en los cribados de cáncer de mama. Nadie sabe cómo ni por qué, pero los expedientes ya no están completos.
Mamografías borradas, informes cambiados y radiólogos que ya no figuran
Las pacientes denuncian que no pueden acceder a sus mamografías ni a sus ecografías, que ya no aparecen los nombres de algunos radiólogos y que incluso han cambiado los diagnósticos. Donde antes figuraba un resultado "sospechoso" o "dudoso", ahora aparece un "probablemente benigno".
La Junta lo desmiente, pero las afectadas han pedido a la Fiscalía que investigue. No solo por la desaparición de documentos, sino porque esos historiales son la única prueba que tienen para demostrar que el sistema falló. Y sin pruebas, ya se sabe: no hay delito.
El presidente andaluz apunta al "sistema opaco" del SAS
El propio Moreno Bonilla ha reconocido que "hay un sistema de opacidad en el SAS, donde el jefe de servicio no le cuenta al director general los problemas, este no se lo cuenta al viceconsejero y al final el presidente es el último al que le llega".
Es decir, según el presidente, la culpa es del Hospital Virgen del Rocío y de su propio sistema opaco. Pero ese hospital podría haber incurrido en delitos penales graves si se confirma que los historiales fueron borrados de forma intencionada.
Sin registros, no hay caso
La ley es clara: los centros sanitarios están obligados a proteger y conservar los datos clínicos durante al menos cinco años. Si alguien los ha eliminado, estaríamos hablando no solo de negligencia, sino también de obstrucción a la justicia y ocultación de pruebas.
Y el problema va más allá del escándalo político. Si esos datos han desaparecido, estas mujeres se quedan sin la posibilidad de demostrar que fueron víctimas de un error. Sin registros, no hay caso. Y sin caso, no hay responsables.
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