Un tema ha vuelto a monopolizar la campaña electoral de las municipales y las autonómicas: ETA. Voces dentro del PP han pedido ilegalizar directamente a Bildu. Su presidente, Feijóo, no ha llegado tan lejos, pero sí ha pedido al Gobierno que active a la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para que encuentren un resquicio en la ley de Partidos o en la Ley Electoral para anular las candidaturas: "Debemos aplicar estas dos leyes, y si esas leyes conllevan declarar ilegales las listas que incluyan condenados por asesinato, resolvemos el problema; pero si facilitan que sean elegidos, esa ley es indecente y hay que cambiarla".

Esa ley de partidos a la que se refiere Feijóo y que ahora considera indecente la aprobó el Partido Popular en 2002, cuando gobernaba Aznar con mayoría absoluta en la Moncloa y la banda terrorista ETA seguía matando. Entonces, nadie se atrevió a prohibir por ley que un condenado de ETA por delito de sangre pudiera presentarse a unas elecciones cuando cumpliera su pena de cárcel. Lo que sí deja abierta esa Ley de Partidos en su artículo 9.3 es la posibilidad de ilegalizar Bildu si incluye "en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios terroristas". Otra cosa es que esa posibilidad tenga un fácil encaje constitucional.

Los candidatosde EH-Bildu que fueron condenados por asesinatos de ETA han cumplido sus penas de cárcel, pero siguen teniendo otra deuda pendiente, una deuda económica con el Estado por esos delitos. Se declararon insolventes y así, según 'La Razón', no habrían pagado nada de la indemnización a las víctimas. Por ley es el Estado el que adelanta el dinero, el que indemniza a las víctimas. Lo más habitual es que los terroristas no paguen nada, o cantidades simbólicas para intentar mostrar buena conducta en la cárcel.

En esta situación se encuentran Asier Uríbarri, que se presenta como número cuatro en el municipio de Maruri (Vizcaya), y Lander Maruri Basagoiti, que se presenta como suplente en Sierbena, (Vizcaya). Entre ambos deben 500.000 euros a la familia del guardia civil José Manuel García. Fue en el 97. Acabaron con la vida de José Manuel en la barra de un bar, de un tiro en la nuca. Estaba con su mujer. Los dos etarras fueron condenados a 16 años de prisión.

En el caso de Begoña Uzkudun, tiene una doble deuda por sus acciones terroristas de 180.000 euros. Uzkudun fue condenada por su participación en el atentado que en 1986 acabó con la vida de los guardia civiles Francisco Muriel y José Carlos Marrero. La Justicia fijó una indemnización de 60.000 euros. Pero tiene además otra condena de 120.000 euros por el asesinato del empresario José Larrañaga Arenas. José 'Chiqui' había sufrido dos intentos de asesinato, hasta que a la tercera, en 1984, acabaron con su vida. Uzkudun tampoco habría pagado nada a la familia de José Larrañaga. Se presenta como número tres en el municipio guipuzcoano de Régil.

Y pasamos a Ramón Rojo González, quien debe 90.000 euros al Estado. Fue condenado a 30 años de prisión por matar a Francisco Gil Mendoza en 1991. Va como número 21 por Irún. Los otros tres candidatos que han sido condenados por delitos de sangre son los que menos deben: 60.000 euros. El primero es José Antonio Torre Altonaga, alias "Medius", a quien le cayeron 20 años en la cárcel por colaborar en los asesinatos de dos trabajadores de la central de Lemóniz. Va como suplente en la lista del municipio vizcaíno de Munguía.

El segundo es Agustín Muiños, alias "Tinín", condenado a 29 años por el asesinato de Julián Bayano en el 83. Va el número seis en las listas de EH-Bildu por el municipio de Legutiano, en Álava. Y el último es Juan Carlos Arriaga. Otros 60.000 euros y 29 años de cárcel por matar a Jesús Alcocer Jiménez en 1984. Dos disparos en la nunca a las siete de la mañana en MercaIruña terminaron con la vida de este industrial pamplonés y comandante retirado de infantería. Ahora se presenta como número tres en Berrioplano, Navarra.

Si alguno de estos siete etarras consigue un cargo público en estas municipales, es la Justicia la que debería reclamarles ese casi millón de euros que deben.

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