Después de haberse vivido un asalto a los poderes públicos de Brasil por parte de los radicales de Bolsonaro, cabe preguntarse cómo se ha llegado a esa situación y qué pasos se han seguido para vivir escenas prácticamente calcadas a las que se vivieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El primero de los pasos llevados por parte de Jair Bolsonaro es la desligitimación. Tras perder las elecciones, no reconoció su derrota y estuvo en silencio durante días hasta que habló para alentar las protestas contra el nuevo Gobierno.

Justo antes de Nochevieja, siendo aún presidente en funciones, se subió a un avión y se marchó a Estados Unidos, todo para no colocar la banda presidencial a Lula. Tras la derrota en las urnas, lo primero que turbió el clima social fue el bloqueo de los camioneros, lo cual nos lleva a la segunda clave para entender la intentona golpista.

Nada más anunciarse la victoria de Lula, cientos de transportistas se lanzaron a cortar carreteras por todo el país, con más de 60 bloqueos en 12 estados diferentes. Esto llevó a un clima de violencia en las calles, tercera clave, con quema de vehículos, cortes en carreteras y disturbios. En Brasilia, la Policía encontró 40 kilos de explosivos la semana previa a la toma de posesión de Lula.

Pasamos a la cuarta clave: los campamentos de bolsonaristas. Pese a que pueda parecer que son una cuestión relativamente reciente, llevan levantados dos meses con el objetivo de presionar al Ejército. Desde allí se partió a la plaza de los Tres Poderes para acabar en el asalto que se produjo.

Para llegar a eso, tenía que darse la quinta clave: la complicidad de algunos militares y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las imágenes que se pudieron ver de los primeros minutos del asalto, se vio a algunos agentes que parecían dejar pasar a los radicales, con policías que se limitan a quedarse mirando y sacar fotos.

Por último, cabe señalar a los responsables políticos de lo que ocurrió. El gobernador de la región de Brasilia ha sido señalado por el Tribunal Supremo por no hacer nada para evitarlo, siendo apartado del cargo durante 90 días en una versión brasileña del artículo 155 de la Constitución española, algo que también ha pasado con el responsable de seguridad de la ciudad también ha caído.

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