Más allá de la presión y de las excusaspara evitar su renovación, lo más significativo del bloqueo institucional son sus implicaciones: cómo cambia España si en los órganos clave de la Justicia hay mayoría de jueces propuestos por partidos conservadores o progresistas.

Y es que, si se mantiene el bloqueo, estos siguen reflejando las mayorías parlamentarias de la época de Rajoy en lugar de las del Gobierno de coalición. En el PP hay quien piensa que les sale a cuenta aguantar con la esperanza de llegar a La Moncloa, algo que ya está teniendo consecuencias prácticas y que puede tener más en el futuro. ¿Sobre qué asuntos debe decidir en los próximos años la Justicia española, que sigue sin renovar?

En estos momentos, son más de 50 los recursos de amparo e inconstitucionalidad contra las leyes más políticas del Gobierno los que reposan en los cajones del Constitucional. Entre ellos, el del PP contra la Ley del Aborto de Zapatero, que sigue sin resolver 12 años después de que se admitiera a trámite. Pendientes también están los recursos contra las normas más sociales de Sánchez, como la LOMLOE o 'Ley Celáa', la Ley de regulación de la Eutanasia o la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia.

En el Supremo, en cambio, la demora se resume en 450 sentencias menos en el último año, con dos asuntos fundamentales en el tintero. Una de ellas es la sentencia de los ERE, con el foco puesto en la posibilidad de un indulto a Griñán que podría resolverse a pocos meses de las autonómicas de 2023. La segunda gran causa pendiente es su pronunciamiento sobre los indultos a los líderes del procés, una decisión que podría suponer su regreso a prisión.

Sobre todos esos asuntos va a tener que decidir la Justicia española en los próximos años, decisiones van a dibujar cómo es el país en el que vamos a vivir. Pero su influencia no acaba ahí, pues hay otros otros muchos asuntos que que también acabarán llegando a los altos tribunales. Entre ellos, uno que viene marcando la agenda política de las últimas semanas: la Ley Trans, que el PSOE sigue perfilando a sabiendas de que PP y Vox la recurrirán.

Por otra parte, las propias eléctricas ya anunciaron en su día un recurso al tope del gas, con el que el Gobierno también contaba y que aún sigue en el aire, como que se materialicen los anuncios de los presidentes de la Comunidad de Madrid y Andalucía contra el llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de final de año.

Por si no fuera suficiente, podría llegar al Supremo cualquier caso -por ejemplo de corrupción- que se recurra y haya sido juzgado en la Audiencia Nacional. Tándem, Kitchen, Púnica y, al margen, el famoso caso de espionaje telefónico a los miembros del Gobierno o uno de los más mediáticos: el que implica por estafa al productor José Luis Moreno.

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