Durante su comparecencia de 'despedida' como diputado socialista, José Luis Ábalos defendió que todas las contrataciones que dependieron de él durante la pandemia fueron "fiscalizadas" por el Tribunal de Cuentas, haciéndolo "de modo positivo".

Cuando el Tribunal de Cuentas otorga su aval a un proceso de contratación, se considera que dicho proceso cumple con las formalidades legales requeridas. Este aval implica que la Administración Pública ha seguido los procedimientos adecuados en la formalización de contratos, cumpliendo con las leyes de contratación pública. Sin embargo, esta aprobación no excluye la posibilidad de prácticas corruptas como comisiones ilícitas o favoritismos, ya que el Tribunal se centra en aspectos formales y no en la detección directa de corrupción.

El Tribunal de Cuentas desempeña un papel crucial en la fiscalización de los contratos públicos, revisando la documentación y asegurando que se hayan seguido las normativas de contratación. Esta revisión incluye verificar la publicidad del contrato, la eficiencia de la opción elegida, la composición adecuada de la mesa de contratación, los criterios de adjudicación, y que los fondos provengan de la partida presupuestaria correcta. A través de este proceso, el Tribunal busca garantizar que la administración actúe de manera correcta y transparente.

Frente a irregularidades o dudas, el Tribunal de Cuentas solicita información adicional y notifica a la administración implicada para que proporcione explicaciones. Este proceso incluye el registro de observaciones y la emisión de informes que son aprobados por las Cortes, enviados a la administración pertinente, y publicados en la web. Esta etapa es fundamental para aclarar cualquier discrepancia y garantizar la rectitud del proceso de contratación.

El Tribunal de Cuentas actúa con cautela ante posibles casos de corrupción. Solo procede a denunciar cuando dispone de pruebas concretas, no basándose en meras sospechas o indicios. Esta postura responde a su mandato de fiscalización por delegación de las Cortes, buscando un equilibrio entre la vigilancia y la prudencia en sus acciones. Cuando detecta prácticas legales pero cuestionables, recomienda correcciones en lugar de proceder a denuncias directas.

En situaciones particulares, como la contratación de mascarillas a través de asesores, el Tribunal ha recomendado mejorar los procesos de selección de proveedores, sugiriendo la búsqueda de más empresas para garantizar la mejor opción y advirtiendo sobre el riesgo de confiar en empresas sin una trayectoria comprobada. No obstante, también reconoció que los precios contratados no eran excesivos y que la empresa seleccionada cumplió con lo pactado, mostrando un enfoque equilibrado entre la crítica constructiva y el reconocimiento de los resultados obtenidos.

De la sombra a la cúspide

La carrera de María Jesús Montero: de la sanidad andaluza a vicepresidenta y ministra de Hacienda en el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno ha escalado desde su inicio como médica en el Virgen del Rocío hasta convertirse en la vicepresidenta y ministra de Hacienda más influyente del momento. Su habilidad para la negociación y su discurso han marcado su trayectoria política.