El Gobierno actúa
Cómo blindar la sanidad pública en España: derogar la ley que abrió la puerta a la privatización y proteger a los pacientes
Los detalles El audio del CEO de Ribera Salud ha puesto en evidencia los riesgos de la gestión privada: recortes, listas de espera y decisiones económicas por encima de la salud de los pacientes. Sanidad prepara una nueva ley para que la sanidad pública quede protegida y funcione para la gente, no para el lucro.

El audio íntegro del exCEO de Ribera Salud, publicado por 'El País', ha confirmado lo que muchos temían: el dinero estaba por encima de los pacientes. Nada de manipulación, como él mismo había denunciado: durante 25 minutos de intervención, pidió a su equipo "adecuar el servicio al dinero disponible", sugiriendo recortes en farmacia, aumentar listas de espera y "usar la imaginación" para ahorrar, todo sin perder "la calidad del servicio", aunque sin aspirar a "sacar matrícula de honor".
En otras palabras, daba órdenes para ahorrar a costa de los pacientes, y además lanzó un órdago a la Comunidad de Madrid: la culpa de los recortes era suya, y era responsabilidad de la administración tomar medidas.
Desde la Consejería de Sanidad madrileña respondieron sin rodeos: "Esto es un trending topic, para tapar la corrupción, las saunas, sobrinas, los puteros [...] vamos a defender este modelo liberal de sanidad que huye de lo que nos quieren implantar, un modelo comunista cubano nicaragüo norcoreano"
Derogar la ley que abrió la puerta a la privatización
Frente a esta situación, el Gobierno ha decidido blindar la sanidad pública. La medida clave: derogar la ley 15/1997, la norma que desde hace 28 años permite que empresas privadas gestionen hospitales públicos con ánimo de lucro.
La ministra de Sanidad, Mónica García, fue clara: "Se contempla la derogación de la ley 15/97. Queremos poner fin a estos desmanes, a esta depredación de nuestro Sistema Nacional de Salud".
La idea es aprobar una nueva ley que proteja la sanidad pública, evitando que hospitales como el de Torrejón o los gestionados por Quirón vuelvan a depender de empresas privadas con fines económicos. La colaboración público-privada seguirá existiendo, pero solo con entidades sin ánimo de lucro, tomando como ejemplo la sanidad catalana.
Historia de la ley 15/97
La ley 15/97 se aprobó en 1997 con el respaldo de todos los partidos, excepto BNG e IU, que ya entonces denunciaron que abría la puerta a la privatización. Un diputado de Izquierda Unida lamentó: "Hubiéramos querido que grupos que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de un mecanismo de privatización de la sanidad".
Ahora, casi tres décadas después, con las consecuencias de esa ley más que evidentes, el Gobierno quiere rectificar. La propuesta se llevará al Consejo de Ministros en enero y, después, al Congreso, donde todos los partidos tendrán que posicionarse. Las fuerzas de izquierdas ya han adelantado que la respaldarán, mientras que Junts aún no ha anunciado su postura.
Plataformas en defensa de la sanidad pública celebran el paso
Las asociaciones y plataformas que defienden la sanidad pública llevan años pidiendo esta derogación. Ahora, por fin, el Ejecutivo parece dispuesto a poner límites claros a la gestión privada con fines de lucro y garantizar que la sanidad pública no dependa del dinero, sino de las necesidades de los pacientes.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca que lo ocurrido en Torrejón o con Quirón no vuelva a repetirse, y que la sanidad pública española sea realmente pública, blindada frente a los intereses económicos.
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