La actitud de los antidisturbios es clara: su objetivo principal es preservar la seguridad de todos los ciudadanos. Jamás su intención es atacar a un manifestante. No obstante, la situación puede volverse complicada si un agente resulta herido, ya que el resto de la unidad se moviliza para protegerse, velando por su propia integridad y la del cuerpo de seguridad. Cada manifestación y disturbio es único, y, por lo tanto, sus intervenciones también lo son, especialmente en el caso de manifestaciones espontáneas o ilegales.
¿Existe un orden en las actuaciones de los antidisturbios? Sí, cuando se trata de disolver una manifestación sin poner en peligro la integridad física de nadie. Siempre actúan con un criterio de proporcionalidad, comenzando con advertencias verbales. En un segundo escalón, recurren a salvas para alertar a los manifestantes a que se retiren. El tercer nivel implica el uso de gas, generalmente de humo, y en ocasiones, gas lacrimógeno. Si la situación se deteriora y la protesta no se disuelve, el último recurso es la carga policial, dirigida generalmente a zonas donde se minimiza el riesgo de fracturas óseas.
El uso de gas lacrimógeno es una herramienta disponible para los antidisturbios, pero no es común. Su utilización varía según la situación, como lo evidencian manifestaciones pasadas, como las protestas contra la detención de Pablo Hasél o concentraciones de ultras en partidos de fútbol. El uso de gas lacrimógeno es una medida extrema y se aplica como último recurso, después de advertencias repetidas y en situaciones donde los manifestantes representan un peligro al lanzar objetos a los agentes.
En cuanto a las órdenes, la Delegación del Gobierno suele ser la encargada de dar la autorización general para que los antidisturbios actúen en una manifestación. La dirección táctica durante el operativo recae en un jefe en el terreno, quien toma decisiones siguiendo el principio de proporcionalidad. Sin embargo, los antidisturbios pueden actuar y cargar en situaciones excepcionales cuando está en peligro la vida o la integridad física de un ciudadano o de alguno de los agentes. Estas decisiones, aunque difíciles, están diseñadas para mantener la seguridad pública en el centro de su misión.
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