El órgano de gobierno de los jueces, tras 14 meses de respaldo unánime, sorprende al rechazar la idoneidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. Este viraje histórico llega en un momento clave, con críticas hacia García Ortiz por su postura respecto al lawfare y la reciente sentencia que señala "desviación de poder" en un ascenso.

Aunque la decisión del CGPJ no tiene consecuencias legales, su impacto simbólico y público es considerable. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que evidenció la "desviación de poder" en un ascenso, se suma a las críticas por supuesto favoritismo en nombramientos y el presunto desprecio hacia el Consejo Fiscal. La Fiscalía se enfrenta ahora a una etapa delicada, teniendo que pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía en numerosos casos.

Los ocho vocales conservadores que han inclinado la balanza apuntan a varios motivos, destacando la sentencia del Supremo, el silencio sobre el lawfare y el supuesto favoritismo en nombramientos. La etiqueta de "inidoneidad" pesará en la valoración pública de García Ortiz, aunque la decisión no tenga consecuencias vinculantes para su cargo, nombrado y cesado por el Rey, previa propuesta del Gobierno y oído el CGPJ.

Además, el bloqueo político, que ha persistido durante cinco años, dificulta el funcionamiento del CGPJ. En vísperas de su aniversario, recordamos las excusas del Partido Popular, desde la amnistía, pasando por la peligrosidad que entraña Sánchez como presidente, hasta la necesidad de que los jueces se elijan entre sí o que haya mayorías parlamentarias de tres quintos, entre otros pretextos.

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